Dos formoseñas despedidas por Capital Humano llegaron a la Corte Suprema

Dos trabajadoras formoseñas despedidas del Ministerio de Capital Humano llevaron su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Justicia Federal rechazara en primera instancia el amparo presentado para cuestionar sus desvinculaciones. La causa se encuentra ahora a consideración del máximo tribunal.

La abogada que representa a las trabajadoras, Miriam Meza, explicó en “La Otra Mirada”, por FM Espacios 92.5, que ambas tenían contratos de servicios y contaban con una extensa trayectoria dentro de la administración pública. Según detalló, una de ellas llevaba 17 años de trabajo y la otra entre 15 y 16 años.

El reclamo comenzó en la Justicia Federal de Formosa, donde el amparo fue rechazado. La representación legal apeló ante la Cámara Federal de Resistencia y, tras un nuevo rechazo, presentó un recurso extraordinario federal que permitió que el caso llegara a la Corte Suprema. Actualmente, no existe un plazo procesal determinado para que el máximo tribunal se expida.

Meza sostuvo que el planteo se fundamenta, entre otros aspectos, en la estabilidad del empleo público reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de normas internacionales vinculadas con la protección de los derechos laborales. “El marco legal existe”, afirmó la abogada, y sostuvo que una reestructuración estatal no debería implicar, por sí misma, el desconocimiento de derechos laborales adquiridos.

La situación adquirió además una particularidad a partir del Decreto 719/26, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Según explicó la abogada, una de sus representadas aparece mencionada de manera específica en la normativa, a raíz de los recursos administrativos que había presentado para cuestionar su desvinculación. Para Meza, esa situación puede resultar intimidante para una trabajadora que ejerció su derecho a reclamar.

La letrada remarcó además el impacto personal y económico que tienen las desvinculaciones. “Ambas son sostenes de su hogar, es decir, eran el único trabajo con que contaban”, señaló. También explicó que, por la edad y los años de trayectoria dentro del Estado, volver a insertarse en el mercado laboral representa una dificultad considerable.

Durante su paso por la administración pública, las trabajadoras realizaron tareas administrativas vinculadas con la atención y el contacto con la comunidad y participaron de operativos en distintos puntos del país. Según relató Meza, incluso fueron convocadas para colaborar en situaciones de emergencia, dejando sus hogares y familias para cumplir con esas tareas.

Para la abogada, el caso excede la situación particular de sus representadas. “No solamente vamos a sentar un precedente para estas trabajadoras, sino para toda la comunidad”, sostuvo, al remarcar que cualquier gobierno puede implementar las políticas públicas que considere necesarias, pero debe hacerlo respetando los derechos laborales.

Mientras esperan una definición del máximo tribunal, las dos formoseñas continúan con su reclamo por la reincorporación. La causa, que comenzó con un conflicto laboral en Formosa, llegó ahora a la instancia judicial más alta del país y podría establecer un criterio relevante sobre los límites de las reestructuraciones estatales frente a la protección constitucional del empleo público.