LIAG no es la ley de extranjerización de tierras: por qué son dos debates distintos

Cada vez que vuelve a discutirse el acceso de capitales extranjeros a la tierra en Argentina, reaparece un nombre: LIAG.

En las últimas semanas, sectores políticos intentaron presentar el caso de la empresa australiana LIAG Argentina S.A., instalada en el oeste de Formosa, como prueba de que la provincia ya hizo hace años lo mismo que hoy impulsa el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, una revisión de los hechos muestra que, aunque ambos temas involucran tierras y capital extranjero, no se trata de procesos equivalentes.

El caso LIAG

A comienzos de los años 2000, Formosa adjudicó cerca de 40.000 hectáreas a LIAG para desarrollar un ambicioso proyecto agroindustrial. La iniciativa prometía inversiones millonarias, generación de empleo, incorporación de tecnología y desarrollo para una de las regiones más postergadas de la provincia.

Desde el inicio surgieron fuertes cuestionamientos. Organizaciones ambientalistas, referentes de derechos humanos y representantes de comunidades indígenas y familias criollas advirtieron sobre el impacto del desmonte, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias sociales que podía traer un emprendimiento de semejante magnitud.

Quienes defendían el proyecto sostenían que la provincia necesitaba atraer inversiones para transformar una zona históricamente relegada y que el emprendimiento contaba con estudios de impacto ambiental y mecanismos de control.

Lo que ocurrió después

Con el paso de los años quedó claro que el proyecto original no se cumplió plenamente.

La empresa no ejecutó todas las inversiones comprometidas y el Estado provincial decidió revisar la adjudicación. Finalmente, unas 30.000 hectáreas regresaron al patrimonio fiscal, mientras LIAG conservó alrededor de 10.000 hectáreas, donde continúa desarrollando producción agrícola.

Es decir, lejos de consolidarse una transferencia irreversible de 40.000 hectáreas a una empresa extranjera, el propio Estado redujo significativamente esa cesión al considerar que no se habían cumplido los compromisos asumidos.

El debate sobre el impacto social y ambiental continúa abierto. Existen denuncias de organizaciones que sostienen que familias criollas e indígenas fueron afectadas por el proyecto, mientras que el Gobierno provincial siempre rechazó esas acusaciones y defendió la legalidad del proceso.

¿Por qué no es comparable con la propuesta de Milei?

Aquí aparece la diferencia central.

El caso LIAG fue una adjudicación puntual, sometida a condiciones específicas y que, justamente, pudo ser modificada cuando el Estado entendió que los compromisos no se habían cumplido.

La discusión actual impulsada por el gobierno nacional tiene otra naturaleza. Lo que se propone es flexibilizar el régimen que limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, eliminando o reduciendo controles establecidos por la legislación vigente.

En otras palabras, mientras LIAG fue un expediente concreto, revisable y sujeto a intervención estatal, la propuesta de Milei apunta a cambiar las reglas generales del sistema, habilitando un escenario mucho más amplio para la compra de tierras por capitales extranjeros.

No es una diferencia menor: un caso refiere a una decisión administrativa específica; el otro modifica el marco jurídico que regula a todo el país.

Un debate que merece rigor

Eso no significa que LIAG deba quedar exento de análisis. Por el contrario, dejó enseñanzas importantes sobre la necesidad de controlar el cumplimiento de las inversiones prometidas, proteger el ambiente, garantizar los derechos de las comunidades locales y transparentar el destino de las tierras públicas.

Pero utilizar ese antecedente para afirmar que "es exactamente lo mismo" que la actual política de extranjerización de tierras implica simplificar un debate complejo y desconocer diferencias jurídicas, políticas e institucionales fundamentales.

Informar con rigor exige reconocer que LIAG tuvo aciertos y controversias, que generó posiciones enfrentadas y que todavía existen aspectos discutidos. También exige señalar que la propuesta del gobierno de Javier Milei representa un cambio estructural en la política nacional sobre la propiedad de la tierra, algo cualitativamente distinto a un emprendimiento específico desarrollado hace dos décadas.

La discusión sobre quién puede ser dueño de la tierra argentina merece argumentos, documentos y memoria. No comparaciones forzadas que terminan confundiendo más de lo que explican.