Reforma laboral: advierten que el Gobierno busca debilitar el financiamiento sindical

En diálogo con La Otra Mirada de FM Espacios 92.5, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, explicó que el aporte solidario existe desde hace décadas en la legislación argentina y tiene como finalidad que quienes se benefician de las negociaciones salariales realizadas por los sindicatos, aun sin estar afiliados, contribuyan a financiar esa actividad.

Según detalló, la reforma laboral aprobada este año estableció que ese aporte no podrá superar el 2% mensual. Posteriormente, un decreto reglamentario dispuso que el cálculo debía realizarse únicamente sobre el salario básico, lo que reducía significativamente el monto percibido por los gremios.

No obstante, el Gobierno introdujo recientemente una modificación que amplía parcialmente la base de cálculo al incorporar adicionales que se perciben todos los meses, aunque mantiene excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros pagos extraordinarios.

"El Gobierno hizo una marcha atrás relativa porque aclaró que ese 2% no se calculará solo sobre el salario básico, sino también sobre otros adicionales mensuales. Lo que no integra la base de cálculo son los conceptos que no son mensuales, como aguinaldos, vacaciones o premios."

Para Cremonte, la modificación no altera el objetivo de fondo de la medida."Forma parte de una política de desfinanciamiento y de golpear a los sindicatos para debilitarlos".

El abogado también puso en duda la legalidad del decreto reglamentario y recordó que ya existen antecedentes judiciales sobre esta cuestión.

"Las leyes pueden ser reglamentadas, pero esa reglamentación no puede alterar la esencia de la ley. Puede entenderse que hubo un exceso en la reglamentación y, por lo tanto, una inconstitucionalidad. De hecho, ya hubo presentaciones judiciales contra el decreto anterior y algunos sindicatos obtuvieron sentencias favorables."

Consultado sobre el argumento oficial de que la medida beneficia a los trabajadores al reducir los descuentos sobre sus salarios, Cremonte rechazó esa interpretación. "Un gobierno que promovió una reforma laboral que quitó derechos a los trabajadores no puede jactarse de hacer algo en beneficio de ellos ni de sus ingresos."

En ese sentido, aclaró que el cambio impacta únicamente sobre el aporte solidario de quienes no están afiliados a un sindicato, pero consideró que el verdadero propósito es otro: "ese aporte se va a reducir, pero no creo que esté apuntado a beneficiar a esos trabajadores. Está apuntado a debilitar a los sindicatos."

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas explicó que esos recursos permiten sostener la actividad cotidiana de las organizaciones gremiales, desde la negociación de convenios colectivos hasta la asistencia a trabajadores despedidos y la organización de medidas de fuerza cuando es necesario.

Asimismo, señaló que, si bien la norma no modifica de manera directa el Fondo de Cese Laboral (FAL), una eventual aplicación de un criterio similar podría afectar también su financiamiento.

Cremonte anticipó que el escenario seguirá judicializándose y vinculó la creciente conflictividad laboral con la situación económica.

"Va a haber acciones judiciales. La conflictividad laboral está creciendo porque también crecen las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno sobre el mercado de trabajo, el desempleo y los salarios."