La Justicia Federal ordenó al PAMI Formosa entregar de manera inmediata insumos médicos a un afiliado de 71 años
La Justicia Federal hizo lugar a una acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo de Formosa y ordenó al PAMI Delegación Formosa garantizar de manera inmediata la cobertura integral y la provisión de los insumos médicos necesarios para que un afiliado de 71 años pueda someterse a una intervención neuroquirúrgica que fue suspendida en reiteradas oportunidades por falta de materiales.
La medida fue dictada por la titular del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, la jueza María Belén López Macé, quien reconoció con carácter definitivo el derecho del paciente a recibir la cobertura del 100 por ciento de los elementos requeridos para el procedimiento médico.
El caso fue dado a conocer por el defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, quien explicó que el beneficiario, identificado con las iniciales S.M.H., padece una patología neurológica diagnosticada como cuadriparesia con pérdida progresiva de fuerza en los miembros inferiores, una enfermedad degenerativa que afecta severamente su integridad psicofísica, comprometiendo su derecho a la salud, a la vida y a una adecuada calidad de vida.
Según detalló, la Defensoría agotó previamente los reclamos administrativos correspondientes antes de recurrir a la vía judicial. Durante ese proceso, acreditó que el estado de salud del afiliado se deterioró progresivamente hasta limitar su movilidad y autonomía personal.
El paciente había sido derivado por la propia obra social al Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón", donde especialistas indicaron la necesidad de una cirugía neuroquirúrgica, solicitaron estudios preoperatorios y requirieron materiales e insumos indispensables para concretar la intervención.
Sin embargo, la operación fue programada y suspendida en numerosas oportunidades debido a la falta de provisión de esos elementos por parte del PAMI Formosa.
De acuerdo con la presentación judicial, la primera fecha prevista para la cirugía fue el 14 de octubre de 2025. Posteriormente, el procedimiento volvió a postergarse el 26 de noviembre del mismo año y nuevamente el 5 y 26 de enero, el 20 de febrero y el 3 de marzo de 2026.
Cada suspensión significó una nueva frustración para el afiliado, quien permaneció postrado, padeciendo fuertes dolores y observando cómo su estado físico se agravaba con el paso del tiempo.
Desde la Defensoría señalaron que los reiterados incumplimientos generaron además una profunda angustia y un importante deterioro psicológico en el adulto mayor.
En su resolución, la jueza López Macé consideró que la omisión del PAMI resultó arbitraria e ilegítima, al tratarse de una persona adulta mayor que requería una intervención indispensable para evitar el avance de una enfermedad progresiva y degenerativa.
La magistrada sostuvo que la conducta de la obra social vulneró derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la normativa específica en materia de salud.
Asimismo, advirtió que la demora en la entrega de los insumos incrementó el riesgo de daños irreparables, ya que la cirugía indicada constituía el único tratamiento apto para detener el avance de la enfermedad y prevenir secuelas permanentes.
Finalmente, López Macé destacó que la obligación del PAMI no se limita a autorizar formalmente una práctica médica o derivar al paciente a un establecimiento público, sino que incluye la provisión efectiva y oportuna de todos los elementos necesarios para garantizar la concreción de la prestación.
Por ello, resolvió hacer lugar a la acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo e impuso las costas del proceso a la obra social.
El fallo se conoce en un contexto de creciente preocupación por la situación del PAMI a nivel nacional. Según advirtió la Defensoría del Pueblo, durante 2026 se registraron demoras en pagos a prestadores, denuncias por faltantes de medicamentos e insumos, además de cuestionamientos por las restricciones implementadas en el acceso a medicamentos gratuitos, actualmente sujetos a evaluaciones socioeconómicas que limitan el beneficio pleno a determinados grupos de afiliados.