Causa contra Lizy Tagliani: cuando la "libertad de expresión" se convierte en un arma de difamación masiva

La Justicia finalmente le puso un freno a una de las campañas más oscuras y mediáticas de los últimos tiempos. El juez Ariel Lijo dictaminó el archivo definitivo de la causa iniciada por la conductora Viviana Canosa en abril de 2025, quien había sembrado el caos al acusar públicamente -y luego judicialmente- a Lizy Tagliani, Jey Mammon, Florencia Peña y Marley por gravísimos delitos de trata de personas y explotación sexual infantil. Tras un año de investigación, el resultado fue lapidario: falta total de pruebas.

Lo que hoy queda en evidencia es un patrón peligroso: la utilización del aparato judicial como una extensión de la lógica del show, donde las acusaciones se lanzan con total ligereza bajo el amparo de la "libertad de expresión". Según el escrito judicial difundido por Infobae, el desamparo probatorio fue absoluto. De las ocho presuntas víctimas que la querella intentó presentar, la gran mayoría nunca apareció; y las pocas que lo hicieron, no pudieron aportar un solo dato concreto.

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El magistrado y el fiscal Carlos Stornelli agotaron todas las instancias para sostener un proceso que, desde su inicio, parecía más una puesta en escena mediática que una denuncia seria. Este archivo no es solo un trámite administrativo; es una cachetada para aquellos que utilizan los medios para "linchar" figuras públicas desde la sospecha y la mentira. ¿Cuánto daño deben sufrir las personas involucradas para que se entienda que la libertad de expresión no es una carta blanca para destruir reputaciones bajo acusaciones de pedofilia que luego se desvanecen en los escritorios de Comodoro Py?

El impacto emocional de este calvario fue palpable durante la última entrega de los premios Martín Fierro, donde Lizy Tagliani, al recibir su estatuilla, realizó un descargo tan crudo como necesario. Visiblemente conmovida y quebrada por la angustia acumulada, la conductora le habló de frente a quienes la señalaron sin pruebas: "Me destruyeron la vida, me hicieron sentir lo peor del mundo por una mentira que todos compraron", lanzó, dejando en claro que, aunque la Justicia haya archivado la causa, el costo humano de esta irresponsabilidad comunicacional será difícil de borrar.

La Justicia confirmó lo que muchos temían desde el primer día: se trató de un ejercicio de irresponsabilidad que manchó personas y nombres, careciendo de la mínima seriedad jurídica. Mientras las figuras públicas intentan sanar las heridas de una persecución injusta, queda el debate sobre si algún día habrá un límite real para quienes confunden informar con destruir.