CRISIS SOCIAL
Récord de suicidios y ajuste en salud mental durante la era Milei
El deterioro de la salud mental en Argentina dejó de ser una percepción social para transformarse en una estadística alarmante. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, hasta el 31 de octubre de 2025 se registraron 11.799 intentos de suicidio en todo el país, un promedio superior a 33 casos diarios. Especialistas advierten, además, que la cifra real podría ser mucho mayor debido al subregistro existente fuera del sistema sanitario formal.
El informe oficial, publicado el 29 de diciembre pasado, incluyó en su portada el lema “el suicidio se puede prevenir”, en un contexto marcado por los recortes en políticas públicas de salud mental y el retiro progresivo del Estado en áreas sensibles.
Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad reflejan otra dimensión de la crisis: durante 2024 se contabilizaron 4.249 suicidios consumados, la cifra más alta desde que existen registros oficiales. Desde 2023, el suicidio superó a los homicidios dolosos y a las muertes por siniestros viales como principal causa de muerte violenta en el país. En términos estadísticos, una persona se suicida cada dos horas en Argentina.
El registro obligatorio de tentativas de suicidio, incorporado al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria en abril de 2023, contabilizó 22.249 episodios hasta octubre de 2025. Sin embargo, el propio Ministerio de Salud aclaró que los datos aún no reflejan la totalidad de los casos debido a las dificultades de implementación del sistema.
La población joven aparece como la más afectada. La franja de entre 15 y 24 años concentra las tasas más elevadas, mientras que entre adolescentes de 10 a 19 años el suicidio ya constituye la segunda causa de muerte. En el grupo de 15 a 19 años, la tasa asciende a 12,7 cada 100.000 habitantes.
Las estadísticas también muestran fuertes diferencias de género. Los varones representan el 80% de los suicidios consumados y presentan una letalidad cinco veces superior en los intentos, mientras que las mujeres concentran el 61% de las tentativas registradas.
El fenómeno encuentra antecedentes simbólicos en casos como el de Rodolfo Estivill, el jubilado de 91 años que en 2017 se quitó la vida dentro de una oficina de ANSES en Mar del Plata tras denunciar que no soportaba más la situación económica. Lo que entonces conmocionó como un hecho individual aparece hoy replicado silenciosamente en miles de hogares afectados por la crisis social y económica.
Diversos estudios relevados por el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos señalan que factores como la pérdida de empleo, la caída del salario real y la incertidumbre sobre el acceso a servicios básicos profundizan el malestar psíquico y elevan el riesgo suicida.
Mientras la demanda de atención crece, el sistema público enfrenta un fuerte ajuste presupuestario. Según la Fundación Soberanía Sanitaria, el Ministerio de Salud perdió un 31% de presupuesto real entre 2023 y 2024. En 2025, el recorte se profundizó con otra caída del 18,2%, de acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El impacto alcanza especialmente al área de salud mental. El programa financiado bajo la Ley Nacional de Salud Mental sufrió una reducción del 34% en términos reales para 2025, mientras que el Hospital Laura Bonaparte, único establecimiento nacional especializado en salud mental y adicciones, acumuló una caída presupuestaria del 46% entre 2023 y 2026.
En octubre de 2024, el hospital cerró áreas de internación, guardia interdisciplinaria y atención espontánea, además de enfrentar recortes de más de 700 millones de pesos y la no renovación de contratos de gran parte de su personal.
El ajuste también impactó en hospitales públicos provinciales. Informes sindicales de FESPROSA denunciaron faltantes de psicofármacos y deterioro de las condiciones laborales en distintas jurisdicciones, mientras crecen las dificultades para acceder a tratamientos y asistencia profesional.
Especialistas en salud mental y ciencias sociales sostienen que la combinación entre crisis económica, precarización y discursos centrados en la responsabilidad individual profundiza procesos de aislamiento y fragmentación social. Según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA), el malestar psicológico se duplica en los sectores que viven bajo la línea de pobreza e indigencia.
En ese contexto, el aumento de suicidios, la violencia intrafamiliar y el deterioro del tejido social aparecen como fenómenos interrelacionados en una sociedad atravesada por la incertidumbre económica y el retroceso de las políticas públicas de contención.