ESCALA EL CONFLICTO
Denuncian al rector de la UNaF y piden su apartamiento inmediato
El conflicto institucional en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. A la denuncia impulsada por el rector Augusto Parmetler contra tres decanos, ahora se agrega una presentación penal en su contra que solicita su apartamiento inmediato junto al vicerrector Emilio Grippaldi y el secretario académico Alberto Barbosa.
La denuncia, radicada ante la Fiscalía Federal, acusa a las autoridades de la casa de estudios de presuntos delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción, en el marco de decisiones adoptadas dentro del Consejo Superior.
El eje de la presentación se centra en la sesión del 24 de abril de 2026, que los denunciantes califican como irregular. Según el escrito, diez integrantes del cuerpo se retiraron dejando constancia formal de la falta de condiciones institucionales para continuar, lo que habría dejado sin quórum al órgano. Pese a ello, sostienen, la sesión continuó y se avanzó con sanciones contra decanos.
En ese contexto, se cuestiona la suspensión por 90 días del decano de Humanidades, Rafael Olmedo, y el apartamiento preventivo de otros dos decanos, medidas que, según la denuncia, se habrían adoptado sin el respaldo legal requerido.
“El rector se arrogó facultades que corresponden al órgano colegiado”, advierten los denunciantes, quienes consideran que se trató de una maniobra para desplazar a sectores opositores dentro de la universidad.
El escrito también pone bajo sospecha la validez de algunos votos en esa sesión, señalando posibles conflictos de interés e incompatibilidades. Entre ellos, menciona la participación de integrantes que tendrían vínculos directos con funcionarios denunciantes o que habrían intervenido en la causa en doble rol.
A su vez, la presentación advierte sobre un supuesto riesgo de manipulación de pruebas y presión sobre testigos, dado que las autoridades denunciadas mantienen control sobre áreas administrativas clave. En ese sentido, solicitan una medida urgente de apartamiento preventivo para garantizar la investigación.
El conflicto ya trascendió el ámbito interno de la UNaF. Los denunciantes pidieron la intervención de organismos nacionales, entre ellos el Ministerio de Capital Humano, la SIGEN y la Procuración del Tesoro, al considerar que existe una “gravedad institucional” que podría afectar el normal funcionamiento de la universidad.
Entre las pruebas requeridas figura el registro audiovisual de la sesión cuestionada, que habría sido difundido en redes sociales y que, según sostienen, evidenciaría la falta de quórum y otras irregularidades.
Este nuevo frente judicial profundiza la crisis política dentro de la UNaF, que ya venía atravesando tensiones tras la denuncia impulsada por el propio rector contra decanos por presunta falsedad documental.
Mientras la Justicia avanza en ambas investigaciones, la situación abre un escenario de alta incertidumbre institucional. De prosperar el pedido de apartamiento, la universidad podría enfrentar una intervención o una reconfiguración de su conducción en el corto plazo.
El caso se perfila así como un conflicto de gran impacto no solo en la vida interna de la UNaF, sino también como un posible precedente sobre los límites del poder en el gobierno universitario.