ASFALTO POSTERGADO
Un billón para rutas que nunca llegó: la denuncia que golpea al Gobierno
En medio del ajuste más profundo de los últimos años, una denuncia política pone el foco en una cifra impactante: más de 1,1 billones de pesos que, según diputados opositores, el Gobierno nacional no destinó a la reparación de rutas pese a tener asignación legal específica.
El dato surge del análisis de veinte diputados peronistas, que calcularon los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles que debían girarse al sistema vial y que, según sostienen, nunca fueron ejecutados con ese fin. El número es contundente: $1.165.491.000.000.
Se trata de una suma difícil de dimensionar, pero con un impacto concreto: de acuerdo al mismo informe, ese dinero hubiera alcanzado para reparar la totalidad de las rutas nacionales que hoy se encuentran en estado crítico. Rutas deterioradas, obras paralizadas y una infraestructura que, lejos de mejorar, se agrava con el paso del tiempo.
“La Nación se quedó con recursos que tenían un destino claro”, advierten los legisladores. La acusación no solo apunta a la falta de ejecución, sino que pone en discusión el cumplimiento de la ley que establece que una parte del impuesto a los combustibles debe destinarse específicamente a obras viales.
El problema no se limita al estado de las rutas. En las provincias, el impacto es doble: por un lado, denuncian el “quite” de los fondos que les corresponden por este tributo; por otro, enfrentan la caída de la coparticipación producto del derrumbe de la recaudación nacional en un contexto de recesión económica.
Mientras tanto, las consecuencias ya son visibles, y también trágicas. El deterioro de las rutas no solo afecta la competitividad, encareciendo y dificultando el transporte de bienes y personas, sino que además se cobra vidas. Accidentes, tramos intransitables y falta de mantenimiento configuran un escenario que se repite a lo largo del país.
Desde el Gobierno, en tanto, no reconocen irregularidades y enmarcan la paralización de la obra pública en una decisión política: reducir el gasto, revisar contratos y priorizar el equilibrio fiscal. El ajuste, en este sentido, no es un efecto colateral, sino el eje central de la gestión.
Sin embargo, la discusión de fondo sigue abierta. Porque más allá de la interpretación técnica, si se trata de fondos no ejecutados, retenidos o reasignados, lo que emerge es un conflicto político de mayor escala: qué se hace con los recursos que tienen un destino específico y hasta dónde el ajuste puede avanzar sobre áreas sensibles.
Con las rutas deteriorándose y los reclamos creciendo, la cifra del billón ya no es solo un número. Es el símbolo de una disputa más profunda entre ajuste y obra pública, entre caja y territorio, entre decisión política y consecuencias reales.