Dictamen en contra del protocolo antipiquetes reaviva el debate sobre la protesta social

Un reciente dictamen judicial adverso al denominado “protocolo antipiquetes” volvió a encender la discusión sobre los límites de la protesta social y la intervención de las fuerzas de seguridad en el espacio público.

El pronunciamiento, que no implica aún una resolución definitiva pero marca una posición jurídica relevante, cuestiona aspectos centrales de la normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En particular, advierte sobre posibles vulneraciones a derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades y la protesta pacífica.

Entre los puntos observados, se señala que el protocolo habilita mecanismos de actuación policial que podrían resultar desproporcionados frente a manifestaciones sociales, además de establecer criterios que, según el dictamen, no garantizan adecuadamente la protección de los manifestantes ni de terceros.

El documento también pone en duda la facultad del Poder Ejecutivo para reglamentar de manera restrictiva derechos que cuentan con protección constitucional y convencional, sin una ley del Congreso que lo respalde de forma expresa.

Desde organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, el dictamen fue valorado como un freno a políticas que consideran “criminalizadoras de la protesta”. En contrapartida, desde el oficialismo sostienen que el protocolo busca garantizar la libre circulación y el orden público, y anticiparon que defenderán su legalidad en instancias judiciales.