Intiman al Ministerio de Economía y al PAMI a regularizar deudas con farmacias de Formosa
La Dirección de Salud y Medicamentos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa intimó formalmente al director nacional del PAMI, Esteban Leguízamo; al titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) Formosa, Héctor Brizuela; y al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a normalizar las deudas que la obra social mantiene con farmacias de la provincia.
La medida fue adoptada ante los fuertes atrasos en los pagos a los establecimientos farmacéuticos, situación que —según advirtieron— podría derivar en restricciones o interrupciones en la provisión de medicamentos y servicios esenciales destinados principalmente a adultos mayores.
El defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que el problema no se limita a Formosa, sino que se replica en todo el país, donde la deuda del PAMI con el sector alcanzaría aproximadamente los 10.000 millones de pesos. Según explicó, esta situación provocó la ruptura de la cadena de pagos, dejando a numerosas farmacias sin recursos para reponer stock.
Una crisis que se agravó
Referentes del sector farmacéutico indicaron que el conflicto no es nuevo y comenzó a profundizarse a mediados del año pasado, cuando el PAMI informó que había agotado su presupuesto y dependía de transferencias del Ministerio de Economía para cumplir con sus compromisos.
Desde las cámaras de propietarios de farmacias explicaron que, mientras los afiliados concurren con sus recetas en busca de medicamentos, los farmacéuticos deben afrontar pagos a las droguerías en plazos muy cortos —cercanos a los 15 días— sin haber recibido aún los reintegros correspondientes.
El sistema comercial obliga a las farmacias a comprar medicamentos semanalmente y cancelar esas compras en tiempos acotados. Cuando los pagos del PAMI se retrasan, los proveedores reducen el crédito disponible, lo que limita la capacidad de reposición y pone en riesgo la continuidad del servicio.
Las farmacias más pequeñas, especialmente las ubicadas en barrios o localidades del interior provincial donde existe una sola farmacia o ninguna cadena comercial, son las más afectadas por la situación.
Trámites y controles que afectan a jubilados
A la problemática económica se suman nuevas exigencias administrativas implementadas por el PAMI para acceder a la cobertura total de medicamentos. Si bien desde el sector reconocieron la necesidad de controles, señalaron que la burocracia genera obstáculos adicionales para los adultos mayores.
Según denunciaron, muchos jubilados deben regresar al médico por errores en recetas o realizar trámites digitales complejos, lo que implica conseguir turnos, trasladarse y afrontar gastos que en muchos casos no pueden asumir.
“Cobertura total para el afiliado no significa que la farmacia no tenga que pagar el medicamento”, remarcaron desde el sector, al explicar que los establecimientos financian tratamientos de alto costo sin recibir los pagos en tiempo y forma.
En algunos casos, como tratamientos con insulina, una sola receta puede superar el millón de pesos, monto que actualmente muchas farmacias afrontan con recursos propios.
Impacto económico y aumento de medicamentos
Gialluca también advirtió que los cambios en el sistema de cobertura incrementaron el aporte económico de los afiliados, quienes resultan doblemente perjudicados por la situación. A esto se suma el fuerte aumento de los medicamentos de venta libre, que durante 2024 registraron incrementos superiores al 300%, afectando especialmente a jubilados y pensionados.
Desde la Defensoría del Pueblo señalaron finalmente la necesidad de que las autoridades nacionales se acerquen a la realidad del interior del país y dialoguen con los prestadores para comprender las dificultades del sistema sanitario y evitar que la crisis impacte directamente en el acceso a los medicamentos.