EN LA BREVEDAD
Formosa se prepara para implementar la nueva Ley Penal Juvenil
La reciente sanción de la ley que permite la imputabilidad de adolescentes a partir de los 14 años generó un intenso debate sobre su alcance y su impacto en la seguridad y en la reinserción social de los jóvenes. Para analizar sus implicancias, "Formosa Mi Ciudad" de FM Espacios 92.5 entrevistó a la jueza de menores de Formosa, doctora Silvana Jarzinski.
La magistrada explicó que la ley fue publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes y entrará en vigencia dentro de 180 días. Este plazo, destacó, permitirá a las provincias adaptarse a los procedimientos, lugares de alojamiento y capacitación de los operadores que trabajarán con adolescentes en conflicto con la ley.
“Es importante destacar que la delincuencia juvenil, según organismos como UNICEF, es relativamente baja en adolescentes de 14 a 17 años, pero esto no fue tenido en cuenta al momento de evaluar la ley”, señaló Jarzinski. Asimismo, mencionó que en Formosa existen estadísticas provinciales confiables que evidencian la misma tendencia.
La jueza detalló que la normativa establece que los adolescentes no pueden compartir espacios con adultos y que los lugares de alojamiento deben organizarse por grupos etarios y características individuales, incluyendo factores como consumo problemático de sustancias. Además, subrayó la importancia de la especialización de los operadores y directores en derechos de la infancia y normas nacionales e internacionales, así como la necesidad de contar con educación, terapia psicológica y preparación para la reinserción social de los jóvenes.
Sobre la situación local, Jarzinski aseguró que Formosa cuenta con el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU), dependiente del Ministerio de la Comunidad y la Dirección de Niñez y Adolescencia, que ya alberga y atiende a adolescentes en conflicto con la ley penal, ofreciendo talleres educativos y asistencia en salud. Sin embargo, aclaró que la adaptación de estos espacios para cumplir con la nueva ley requerirá coordinación con distintos organismos estatales.
Consultada sobre la posibilidad de reinserción social, la jueza expresó que, si se aplican correctamente las medidas de tratamiento y educación, es posible lograr que los adolescentes puedan reinsertarse en la sociedad, incluso tras cumplir condenas o medidas de prisión preventiva en casos de delitos graves. A su vez, enfatizó que la ley contempla medidas alternativas para delitos de menor gravedad, como la mediación penal juvenil, evitando que todos los jóvenes sean enviados a lugares cerrados.
Finalmente, Jarzinski advirtió sobre un conflicto normativo: aunque la ley prevé la prisión preventiva para menores, el Código Procesal Penal vigente para menores prohíbe su aplicación, por lo que será necesario un proceso de readaptación y articulación entre el Poder Ejecutivo y las provincias para garantizar el cumplimiento de la normativa.