LIBERTAD DE PRENSA
Amplio rechazo a los allanamientos contra periodistas por difundir audios
Un fuerte pronunciamiento en defensa de la libertad de prensa se generó tras el pedido de allanamiento contra periodistas que difundieron audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue respaldada por una cautelar del juez Alejandro Maraniello, que además ordenó prohibir nuevas publicaciones.
Desde el Gobierno se celebró la decisión judicial, interpretándola como la respuesta a una “violación grave de la privacidad institucional”. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó la situación como una “captación clandestina y manipulación de audios privados”, responsabilizando a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, al empresario Pablo Toviggino y al abogado Franco Bindi.
Incluso, el comunicado oficial mencionó supuestos “intereses rusos y chavistas” detrás de la operación.El rechazo no tardó en llegar. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) advirtió que los allanamientos violan el derecho constitucional a la preservación de las fuentes periodísticas, mientras que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó que la medida implica “un acto de censura previa” y un grave antecedente para la libertad de expresión.
El cuestionamiento también atravesó a distintos espacios políticos. Germán Martínez (Unión por la Patria) calificó la cautelar como “escandalosa” y advirtió que “legitima el cercenamiento de la libertad de prensa”. Desde la UCR, Martín Lousteau consideró el accionar de Bullrich como “un acto de autoritarismo sin precedentes”.
Constitucionalistas también se sumaron a las críticas. Daniel Sabsay sostuvo que la medida viola no solo el derecho de los periodistas, sino también el de los ciudadanos a estar informados. En la misma línea, Andrés Gil Domínguez recordó que la prohibición de la censura previa es “un contenido esencial de la libertad de expresión”, más aún cuando involucra hechos de interés público.
De este modo, el pedido oficial y la resolución judicial despertaron un amplio rechazo en medios, gremios y sectores políticos, que advirtieron sobre un retroceso democrático y un grave riesgo para la libertad de prensa en el país.