Comunidades originarias de Formosa reclaman reconocimiento constitucional para el pueblo Nivaclé

En el marco de la reforma constitucional de Formosa, representantes de comunidades originarias presentaron un proyecto que busca ampliar derechos y garantizar la participación de los pueblos indígenas en la vida institucional de la provincia. La iniciativa fue elaborada de manera colectiva y elevada a la Convención Constituyente.

Ernesto Pérez, vocero del pueblo Wichí, explicó que el documento “es el resultado de meses de asambleas, debates y consensos que venimos trabajando desde el año pasado. Queremos ser parte de esta nueva reforma y aportar nuestra mirada”. El dirigente señaló que el objetivo es ampliar los derechos indígenas previstos en el artículo 79 de la Constitución Provincial e incorporar el reconocimiento del pueblo Nivaclé como preexistente.

“Uno de los puntos más fuertes es que nuestros hermanos Nivaclé sean reconocidos dentro de la Constitución. Ellos están, estuvieron y van a estar en Formosa, como todos nosotros”, enfatizó Pérez.

La situación del pueblo Nivaclé

Juliana Lungui, referente de esta comunidad asentada en Guadalcázar, describió la realidad que atraviesan: “El reconocimiento es lo más importante para nosotros. No tenemos tierra suficiente. Queremos que se sepa que existimos, que somos originarios”.

La dirigente recordó que el pueblo Nivaclé no está incluido en la Ley Integral del Aborigen que regula la representación de las comunidades indígenas: “No estamos dentro del Instituto de Comunidades Aborígenes. Es como si no existiéramos, aunque nuestros hijos van a la escuela y tenemos centro de salud. Necesitamos ser visibilizados”.

Lungui también relató que históricamente sufrieron problemas para acceder a la documentación personal: “Había muchos indocumentados en la comunidad, aunque con el tiempo logramos que se reconozcan esos derechos básicos”.

Reclamos centrales del proyecto

Además del reconocimiento de los Nivaclé, el proyecto plantea otros puntos clave. Pérez detalló: “Pedimos la consulta previa ante cualquier obra o decisión que afecte a los territorios de las comunidades. Muchas veces se toman decisiones sin preguntar y eso genera conflictos”.

El dirigente también remarcó la importancia de fortalecer la educación bilingüe: “Hoy los docentes indígenas solo acompañan hasta el primer ciclo de la primaria. Necesitamos más memas en las escuelas y que nuestros jóvenes puedan continuar sus estudios secundarios y universitarios con apoyo”.

Una realidad atravesada por la crisis

Ambos referentes coincidieron en que la situación social y económica afecta con mayor dureza a las comunidades originarias. “Los módulos alimentarios no alcanzan. Hay familias numerosas que reciben una sola y no es suficiente. Además, cuesta conseguir trabajo y a veces ni siquiera pagan las changas”, señaló Lungui.

También describió las condiciones de hacinamiento en su comunidad: “En mi pueblo hay familias que conviven cuatro en una sola casa. Vivimos todos juntos porque no hay otra opción. Por eso pedimos el reconocimiento, porque necesitamos mejores condiciones de vida”.

Expectativas en la Convención

Pese a las dificultades, los representantes mantienen la esperanza de que sus planteos sean escuchados. “Tenemos fe en que los convencionales incluyan nuestras propuestas en la reforma. Queremos una participación real, no solo en el papel”, concluyó Pérez.

El nuevo texto propuesto establece que la provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos Wichí, Pilagá, Qom, Nivaclé y de aquellos que históricamente habitaron el territorio. La reforma también garantiza el derecho a la educación bilingüe e intercultural en todos los niveles, un reclamo sostenido por las comunidades originarias.

Además, la propuesta contempla el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho, asegurando la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano y comunitario”. Estas tierras, según el borrador, serán inenajenables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, lo que refuerza la seguridad jurídica sobre los territorios indígenas. Otro de los puntos destacados es la inclusión del derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, conforme a estándares nacionales e internacionales. Esto obligaría al Estado provincial a garantizar la participación de las comunidades en cualquier decisión relacionada con la gestión de recursos naturales o políticas que las afecten directamente.

El proyecto introduce además la creación de zonas de protección ambiental que resguarden tanto la biodiversidad como los territorios indígenas y su cosmovisión. También prevé la sanción de una ley de propiedad comunitaria indígena, que reconozca la autonomía de sus organizaciones.

En esa línea, se incorporan disposiciones de reparación histórica, incluyendo la restitución de tierras y territorios ancestrales como una deuda pendiente con los pueblos originarios.