Cremonte: “La reforma laboral busca precarizar y recortar derechos a los trabajadores”
La jueza federal Martina Forns hizo lugar parcialmente a una medida cautelar, por considerar que el Decreto 461/25 establece previsiones que limitan y condicionan el principio de estabilidad en el empleo público, en los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de vialidad.
En declaraciones a FM Espacios 92.5 de Formosa, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, se refirió a la reciente medida cautelar que impide cualquier modificación en el funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad por el plazo de seis meses.
“El Gobierno viene chocando bastante seguido con la misma piedra, por su decisión de gobernar de manera unilateral e inconsulta y a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, algunos cumplen con los requisitos excepcionales que tienen los presidentes para gobernar por decreto y esquivar al Congreso, pero otros no”, puntualizó mientras advirtió que “no se está tomando el camino constitucional y legal que se debiera tomar", sostuvo en referencia a la disolución de Vialidad Nacional.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno mediante la “Ley de Bases”, según Cremonte es una normativa "profunda y regresiva" y "es un tema muy preocupante para quienes se dedican a defender a los trabajadores". El actual Presidente “tiene intención de profundizar esta reforma”, lo cual significaría “quitar algún derecho a los trabajadores”, volviendo su labor más “precaria”, reduciendo “licencias y el salario”. A ello se le suma que se estaría buscando ampliar el período de prueba de los actuales 3 a 12 meses, lo que precariza el trabajo en un contexto socioeconómico difícil, sin que existan políticas de apoyo claras que brinden herramientas para evitarlo.
Por último, el Presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas alertó sobre el impacto de las políticas públicas implementadas por el gobierno que además de perjudicar a las personas en el ejercicio de su trabajo “genera responsabilidad internacional” al país en su conjunto por los desmedidos abusos a nivel jurídico que vulneran y se apartan de los tratados a los que suscribe y está adherido. La causa puede trascender “los fueros argentinos y trasladarse a lo internacional”, finalizó.