Eliminar la ley de cabotaje: riesgos para la soberanía nacional

El gobierno nacional avanza con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que propone eliminar la Ley de Cabotaje, una normativa histórica que exige que el transporte de mercaderías entre puertos argentinos se realice exclusivamente con embarcaciones de bandera nacional, tripuladas por marinos argentinos.

La propuesta, enmarcada en una agenda de desregulación, desató un fuerte rechazo de parte del gremio marítimo y distintos sectores productivos, que advierten sobre el grave impacto económico, social y estratégico que implicaría su derogación.

Durante una exposición ante la Cámara de Senadores, el secretario gremial del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Alejandro Acosta, fue tajante: “Desregular la Marina Mercante implica una entrega directa de soberanía nacional”, y agregó que la medida “significa la desaparición de la Marina Mercante”.

Según Acosta, el decreto “no es una medida técnica ni neutral. Es una renuncia explícita a nuestra soberanía económica, logística y territorial”, y advirtió que también representa “una amenaza directa a las economías regionales, al empleo argentino y al desarrollo federal”.

La Ley de Cabotaje, vigente desde 1980, fue defendida como una política estratégica, no corporativa. “Nos quieren hacer creer que debemos renunciar a lo que países desarrollados defienden con uñas y dientes”, remarcó Acosta, señalando que de avanzar el DNU, “la Argentina entregaría sus rutas marítimas y fluviales a intereses extranjeros”.

Empleo y economías regionales, en la mira

El dirigente gremial subrayó el efecto que tendría la medida sobre miles de trabajadores argentinos y sobre los pueblos que dependen de esta actividad. “Desde Formosa hasta Ushuaia, los marinos mercantes sostienen con sus ingresos la vida de pueblos enteros. Si desaparecen sus empleos, desaparece también una fuente esencial de consumo y actividad económica en muchas provincias”, advirtió.

Además, alertó que la medida pone en riesgo el sistema de formación profesional marítima: “La Argentina tiene tres escuelas para formar marinos y ya avanzaron contra la Escuela Nacional de Pesca. No sabemos cuándo irán por la Escuela Náutica o la Fluvial. Formar un tripulante lleva años, y si se destruye ese sistema, no se recupera más”.

Un llamado al Congreso

En el cierre de su intervención, Acosta se dirigió directamente a los senadores: “No podemos ser cómplices silenciosos de esta entrega. La soberanía no se declama, se ejerce. Y ejercerla hoy es defender la ley de cabotaje, la bandera argentina y a los tripulantes que la sostienen día a día con su trabajo”.

El debate que se abre no es solo técnico, sino político y estratégico. La derogación de la Ley de Cabotaje enfrenta dos modelos: uno que busca abrir el comercio sin restricciones, y otro que defiende el rol del Estado para proteger sectores clave del desarrollo nacional. La discusión continúa en el Congreso, pero el impacto, de avanzar esta reforma, alcanzaría a todo el país.