Despidos en ACUMAR: Trabajadores denuncian vaciamiento y riesgo para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo

En un movimiento que ha generado preocupación y rechazo en distintos sectores, unos 400 trabajadores de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) fueron despedidos en la medianoche del viernes 28 de febrero, previo al fin de semana largo. La decisión, tomada por la gestión del gobierno nacional, se suma a los más de 100 despidos registrados en 2024, lo que implica una reducción de más de la mitad del personal del organismo.

En una entrevista con FM Espacios, Natalia Vázquez, trabajadora del organismo, denunció un "vaciamiento" que pone en peligro el plan de saneamiento de la cuenca y la salud de millones de habitantes. Este drástico recorte pone en riesgo la continuidad del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, afectando áreas clave como el monitoreo de calidad ambiental, el control de empresas contaminantes, la gestión de residuos, la prevención de inundaciones, la infraestructura, la salud y la educación ambiental, así como las políticas de vivienda y fortalecimiento comunitario. La Cuenca Matanza-Riachuelo es un territorio donde habitan más de seis millones de personas, muchas de las cuales dependen de las tareas de saneamiento para mejorar su calidad de vida.

"Con los despidos que sucedieron el primero de marzo, ya es más del 50% del organismo que fue despedido", afirmó Vázquez. La trabajadora explicó que los despidos afectan a todas las áreas, incluyendo técnicos y profesionales con amplia experiencia en temas de contaminación, atención a la población afectada y fiscalización de empresas. "Se avanza hacia una disolución del organismo", sentenció.

Vázquez denunció que los despidos se realizaron sin causa y por correo electrónico, una práctica que se repite desde el año anterior. "El año anterior habían despedido armando causas truchas porque como no tenían la ley base, tuvieron que maniobrar para realizar los primeros despidos", dijo. Además, señaló que los despidos son fraudulentos ya que vulneran el convenio colectivo que ampara a los trabajadores y que garantiza estabilidad y reubicación o indemnización en caso de restructuración.

Frente a la dramática situación, los trabajadores despedidos exigen su reincorporación inmediata y la restitución de todas las funciones esenciales para el saneamiento de la cuenca y la protección de la calidad de vida de los habitantes de la región.

La trabajadora hizo un llamado a la unidad de los trabajadores: "Entendemos que si hay una unidad de las luchas va a ser desde abajo". Criticó la falta de acción de los sindicatos y la ausencia de un plan de lucha unificado. 

"Vamos por un plan de lucha y necesitamos medidas de acción tanto en el sector público como en el privado", sostuvo Vázquez, mientras reclamó que "hay una línea de los sindicatos que dificultan la coordinación de acciones con amparo gremial" y asimismo exclamó por un paro nacional con movilización de todos los trabajadores para "no dejar pasar esta motosierra y no perder nuestras fuentes de trabajo".  

En tanto alertó sobre las consecuencias del desguace de ACUMAR: "En lo inmediato, para todos los vecinos de la cuenca, lo que implica es que se termina el seguimiento de la situación de salubridad de los casos de riesgo, infancias que sufren desaturnismo por el alto plomo en sangre, toda una cantidad de enfermedades que se generan por la exposición al Riachuelo". También se ven afectadas las soluciones habitacionales, relocalizaciones y, crucialmente, la fiscalización y sanción a empresas contaminantes.

Vázquez relató un episodio reciente en el Arroyo Sarandí: "Hace una semana tuvimos el vuelco de cantidades importantes de anilina que tiñeron a todo el arroyo de rojo. Y frente a esa situación, la autoridad del organismo, Lucas Figueras, dijo que no es su jurisdicción, lo cual es una locura", expuso argumentando que en esa misma zona fue donde se originó la demanda vecinal que dio lugar a la creación de ACUMAR.

Para Vázquez, existe una clara intención de beneficiar a las empresas contaminantes sin ningún tipo de sanción y represalia.