Choferes de Crucero del Sur van a juicio por entorpecimiento del transporte

Los choferes de colectivos que en marzo del año pasado hicieron un piquete frente a la empresa Crucero del Sur, paralizando el servicio urbano de pasajeros en la ciudad, deberán enfrentar en los próximos días un juicio oral y público por los delitos de entorpecimiento del transporte en concurso real con lesiones leves.

La investigación de este hecho estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, cuyo titular, el doctor Guillermo Caballero, dio por concluida la etapa de instrucción y decidió elevar la causa para el juzgamiento de los ocho acusados, todos choferes de la empresa Crucero del Sur.

Los trabajadores del volante fueron imputados de los hechos ocurridos el 27 de marzo del año pasado a las 6 horas, cuando junto con otros choferes se agolparon en forma violenta en la entrada de la empresa ubicada sobre la avenida Kirchner para bloquear la salida de los coches y paralizar el servicio.

En ese momento, uno de los empleados, Alberto Javier Delgado, estaba con sus compañeros de trabajo dispuesto a comenzar la jornada laboral, cuando irrumpieron en la planta unas 40 personas que enseguida bloquearon la salida de los micros.

En medio de la batahola, Delgado recibió un golpe de puño por parte de uno de los que ingresaron a la empresa y luego se acercó otro para propiciarle varios golpes más. Del mismo modo, otro empleado, Hernán Darío Yanzi, también fue blanco de ataques de puño y patadas por parte de los manifestantes, al igual que Ramón Eduardo Jacquemín, quien denunció que uno de los integrantes del grupo le aplicó varios golpes de puño, afirmando que incluso escuchó detonaciones de un arma, posiblemente una pistola calibre 22. Otro empleado, Marcelo Ramón Villalba, contó que también fue agredido físicamente por los manifestantes.

En base a las pruebas reunidas en la investigación, el juez Caballero dictó en su momento el procesamiento a los ocho imputados en orden al delito de entorpecimiento del transporte de vehículos de tierra, en concurso real con lesiones leves.

El paso siguiente es la audiencia oral y pública, en el marco de un juicio que tendrá carácter correccional y que será llevado a cabo por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1.

“Persecución gremial”

El abogado defensor de los dirigentes despedidos, Guillermo Levy, consideró que la causa está teñida por una persecución gremial. Declaró que: “La situación de mis clientes es de gran incertidumbre, desde el mismo momento que ocurrieron los hechos. Estaban realizando una protesta absolutamente legal por falta de pagos de la empresa. Después de los trámites administrativos normales, la empresa tomó la decisión, junto a la Municipalidad, de mandar la fuerza policial y realizar la denuncia por obstrucción al transporte público y lesiones a cinco de los imputados en la causa penal.

Agregó que ante estas medidas, despidieron a ocho dirigentes gremiales, siendo que había en la manifestación más de cien personas.

“Es inexplicable que un reclamo salarial con una denuncia de interrupción en el servicio termine en una causa elevada a juicio en menos de un año”, insistió Levy. Al respecto, recordó que “más graves” fueron los hechos ocurridos en el 2015, cuando “miembros foráneos de la UTA irrumpieron con balas y amenazas un reclamo similar. La cárcel de Clorinda se inauguró con 100 detenidos y sin embargo esta causa está paralizada y con la devolución de cauciones".

El abogado informó que por el momento, los pedidos de amparo para la reincorporación de los empleados despedidos están tramitados en sedes laborales. La Cámara en lo Correccional definirá en qué fecha se llevará a cabo el juicio oral y público para determinar responsabilidades en sus defendidos.

"Entiendo que la persecución es abierta a los compañeros. No tendrían que estar despedidos porque la ley laboral prevé una tutela gremial primero antes de una decisión empresarial arbitraria", concluyó.