El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, buena parte de las disposiciones de la emergencia en discapacidad que el propio gobierno de Javier Milei había resistido durante más de un año.
Con 71 votos afirmativos, la Cámara alta dio sanción definitiva a la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
El cambio de posición del oficialismo no es menor. En 2025, Javier Milei vetó la declaración de emergencia en discapacidad y, pese a la insistencia de ambas cámaras, condicionó su ejecución a la asignación de recursos presupuestarios. Una resolución judicial obligó posteriormente al Ejecutivo a avanzar con su implementación.
En la sesión, el oficialismo acompañó la incorporación permanente de buena parte de aquellas disposiciones. Afuera del edificio del Congreso, familiares e integrantes del colectivo de discapacidad se apostaron en las inmediaciones.
Qué establece la nueva ley
La norma mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y su compatibilidad con el empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Preserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para acceder a la pensión por discapacidad, garantiza la cobertura sanitaria mediante el programa Incluir Salud y sostiene el nomenclador unificado de prestaciones, con actualización periódica de los aranceles vinculada a la inflación.
También establece auditorías periódicas mediante el cruzamiento de información entre organismos nacionales y mecanismos de defensa ante eventuales suspensiones de las prestaciones.
Respecto de las deudas con los prestadores, dispone un plazo de 30 días para comunicar el cronograma de pagos y de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes. Además, establece que el Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 30 días.
El financiamiento
"La única manera de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si se prorroga año tras año, lo que se genera es incertidumbre para los beneficiarios y los prestadores. No representa absolutamente ningún recorte y es resultado de un amplio consenso en Diputados y el plenario en el Senado", sentenció el senador de LLA Agustín Monteverde, miembro informante por el oficialismo del proyecto.
El peronismo, bloque opositor mayoritario, acompañó el proyecto, aunque exigió que el Gobierno debe garantizar la financiación de las pensiones. "No podemos dejar que esta ley sea letra muerta. La semana que viene Diputados tratará el presupuesto 2027. Hay partidas creadas para garantizar el financiamiento de esta ley. Lo que no hay son fondos para que funcione correctamente esta ley", advirtió el senador Justicialista Pablo Bensusán.
Luego, su compañero de bancada Martín Soria recordó que Javier Milei había vetado la primera emergencia en discapacidad, el Congreso insistió, y luego el presidente "suspendió su aplicación para determinar de dónde iban a salir los recursos".
"Si estamos tratando este proyecto, no es por la voluntad del oficialismo, sino por las movilización de las personas con discpacidad, a las familias y las organizaciones y la oposición", remarcó.
Por su parte, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad destacó que "se haya llegado a un acuerdo que trasciende la emergencia y da una respuesta a las personas con discapacidad" y afirmó que "esta ley es un acuerdo que establece medidas concretas para las familias, para los profesionales y para las instituciones".