“Corralito en Paraguay”: miles de ahorristas quedaron sin acceso a su dinero tras la caída de Ueno Bank

Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis financieras de los últimos años tras la intervención de Ueno Bank, una de las entidades digitales de mayor expansión en el país. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) dejó suspendidas las operaciones bancarias, bloqueó temporalmente el acceso a las cuentas y generó incertidumbre entre millones de usuarios que no pueden disponer libremente de sus ahorros. La situación comenzó a ser denominada como el "corralito paraguayo", en una inevitable comparación con la crisis argentina de diciembre de 2001.

La medida fue dispuesta el 2 de noviembre y comunicada oficialmente al día siguiente, luego de que el organismo regulador detectara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa. Según explicó el BCP, el deterioro se produjo tras ajustes realizados a los estados financieros durante un proceso de regularización. Ueno Bank cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes y, desde la intervención, sus sucursales, aplicaciones, tarjetas y demás servicios quedaron fuera de funcionamiento.

Uno de los puntos más delicados del caso es el alcance de los fondos comprometidos. El Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado del sistema jubilatorio paraguayo, mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes a cerca del 9% de su cartera. Además, la entidad administra el pago de haberes de unos 32.000 jubilados. Las autoridades previsionales aseguraron que las jubilaciones y los aguinaldos se abonarán normalmente, mientras se buscan alternativas para recuperar las inversiones.

En cuanto a los ahorristas particulares, el Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a 228,3 millones de guaraníes por persona y por entidad financiera. Sin embargo, el Banco Central anunció inicialmente un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes, mientras que los montos restantes estarán sujetos a un cronograma de pagos. El Senado paraguayo también aprobó un proyecto para ampliar la devolución hasta 121 millones de guaraníes en un plazo de 24 horas, iniciativa que fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La crisis también derivó en una investigación judicial por presuntas irregularidades financieras. Entre los antecedentes analizados aparecen operaciones crediticias vinculadas a empresas relacionadas con el grupo económico propietario del banco. El Banco Central había advertido sobre estos créditos y solicitado su adecuación a los límites legales. En el marco de la investigación, la Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la entidad y siete directivos fueron detenidos, mientras se analizan las posibles responsabilidades penales.

El escándalo alcanzó directamente al presidente paraguayo, Santiago Peña, debido a sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding, grupo propietario de la entidad. El mandatario había sido accionista del holding hasta marzo de 2025. También quedó bajo cuestionamiento Carlos Carvallo, titular del Banco Central, quien presentó su renuncia a pedido del jefe de Estado. Carvallo había presidido anteriormente Financiera Ueno, antes de asumir la conducción del organismo encargado de supervisar el sistema financiero.

Después de casi 12 horas sin pronunciarse públicamente sobre la crisis, Peña anunció que impulsaría junto al Congreso un mecanismo para garantizar la devolución de los depósitos y proteger los fondos públicos y previsionales. La respuesta no logró frenar los cuestionamientos.

En Asunción se registraron protestas y enfrentamientos entre ahorristas, trabajadores de la entidad y efectivos policiales que custodiaban las instalaciones bancarias. Sectores opositores, además, comenzaron a analizar la posibilidad de impulsar un juicio político contra el mandatario.

Mientras tanto, el Banco Central sostiene que se trata de una situación particular de Ueno Bank y que no representa una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo. Sin embargo, el caso abrió interrogantes sobre los controles regulatorios, la colocación de recursos públicos en entidades privadas y los vínculos entre el poder político y los grupos económicos. La prioridad inmediata es determinar cuánto dinero podrán recuperar los ahorristas y en qué plazos, mientras la investigación judicial busca establecer cómo una entidad de semejante alcance llegó a una situación que terminó dejando a millones de clientes sin acceso a sus propios fondos.