"No fue un desalojo, se actuó ante reiteradas infracciones", aclaró Rigotti sobre la clausura de comercios gastronómicos en El Mercadito

El procurador de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, Dr. Fernando Rigotti, brindó detalles sobre el operativo realizado en el sector del Mercadito, donde se concretó el secuestro de bienes y la clausura de tres comercios gastronómicos.

Según explicó, los establecimientos se encuentran ubicados en la parte posterior y lateral del nuevo Paseo Emprendedor construido por la Municipalidad y venían funcionando desde hace varios años sin habilitación.

Rigotti sostuvo que los tres comercios desarrollaban su actividad sin habilitación y sin adecuarse a las normativas bromatológicas, situación que derivó en sucesivas actuaciones municipales.

El funcionario municipal indicó que durante el tiempo que permanecieron en actividad se realizaron “constantes infracciones, avisos y clausuras”, pero que los responsables de los establecimientos volvían a abrir.

Ante esta situación, la Municipalidad decidió recurrir a la Justicia mediante una acción preventiva de daño, figura contemplada en el Código Civil y Comercial.

“Nos vimos obligados nosotros como Municipalidad a acudir a la Justicia a través de una medida que se llama una acción preventiva de daño, que justamente como la palabra lo indica, es prevenir un daño futuro”, explicó Rigotti a FM Espacios 92.5

En ese sentido, remarcó que el objetivo de la acción judicial fue intervenir antes de que pudiera producirse un perjuicio vinculado con las condiciones sanitarias que no cumplían los establecimientos y que están plasmadas en una ordenanza.

Rigotti señaló que desde el municipio se "cumplió con una acción preventiva”.

La intervención de la Justicia

Explicó que la Municipalidad presentó ante el juzgado distintas pruebas y documentación vinculadas con las infracciones y clausuras realizadas previamente.

“Constantemente rompian las fajas y abrian de vuelta. Entonces presentamos todas estas pruebas”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, la Justicia analizó la documentación presentada y consideró que correspondía intervenir para garantizar el cumplimiento de las normas vinculadas con salubridad, higiene y cuestiones bromatológicas establecidas por ordenanzas municipales.

El procurador explicó además que la otra parte tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa dentro del proceso judicial.

Posteriormente, los responsables de los comercios apelaron la resolución judicial. Según Rigotti, esas apelaciones fueron rechazadas por cuestiones procesales y, finalmente, la sentencia quedó firme y el juez ordenó librar un mandamiento de secuestro y clausura, sostuvo.

“No hay un desalojo”

Uno de los puntos que Rigotti buscó aclarar fue que el procedimiento realizado no correspondió a un desalojo, sino al cumplimiento de una orden judicial de secuestro y clausura.

En ese sentido, explicó que se trata de locales comerciales y que no existen viviendas en el lugar.

En ese sentido, explicó que se trata de locales comerciales y que no existen viviendas en el lugar.

“Nadie vive ahí. Eran locales gastronómicos. Entonces lo que se hace y lo que se ordena es el secuestro y la clausura”, señaló.

También explicó que la Municipalidad quedó constituida como depositaria de los bienes secuestrados, y remarcó que los responsables de los establecimientos conservan la posibilidad de recurrir nuevamente a la Justicia.

“Ellos pueden acudir a la Justicia y pedir la restitución de sus bienes, porque eso lo ordenó el juez”, sostuvo.

El procedimiento se llevó adelante con la participación de oficiales de Justicia y efectivos policiales. Según indicó Rigotti, la intervención de la Policía también había sido contemplada en la resolución judicial.

“Fuimos con los oficiales de Justicia, con la Policía, que también dentro de la sentencia se ordenó librar oficio a la Policía para que colaboren”, explicó.

Un conflicto que lleva años

Consultado sobre cuánto tiempo llevaba la situación, el procurador afirmó que las infracciones y clausuras no constituyen un hecho reciente.

“Esto viene ya hace dos o tres años y más también”, señaló.

Rigotti explicó que algunos de los responsables de los establecimientos llevan más tiempo en el lugar, mientras que otros fueron cambiando.

En ese marco, indicó que durante años se realizaron infracciones y clausuras de manera reiterada, y que la Municipalidad no buscaba inicialmente llegar a una medida como el secuestro de bienes.

“No queríamos llegar a esta decisión tan drástica de tener que secuestrar los bienes, pero sí clausurar”, afirmó.

La respuesta a las críticas de la oposición

Durante la entrevista, Rigotti también respondió a los cuestionamientos formulados por referentes de la oposición municipal, quienes habían planteado que el procedimiento impedía trabajar a las familias que desarrollaban actividades gastronómicas en el lugar.

“La oposición siempre es oportunista”, respondió el procurador, mientras destacó que la Municipalidad cuenta con antecedentes de políticas destinadas a ordenar y regular las actividades comerciales.

En ese sentido, recordó la intervención realizada anteriormente con los vendedores manteros y señaló que fueron reubicados.

Rigotti rechazó además que la Municipalidad tenga como objetivo impedir el desarrollo comercial, sino todo lo contrario, ya que durante la actual gestión se habilitó una cantidad significativa de comercios.

Según explicó, la intervención en el Mercadito estuvo vinculada específicamente en estos comercios ante el cumplimiento reiterado de las normas bromatológicas.

Salubridad y competencia comercial

El procurador también hizo referencia a las condiciones en las que, según las constataciones incorporadas a la causa, funcionaban los establecimientos.

“Esto está directamente vinculado con la salud de las personas”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó que una eventual afectación sanitaria podría generar cuestionamientos posteriores sobre la actuación municipal.

Rigotti afirmó además que las condiciones observadas en los comercios eran “realmente paupérrimas” y que esa situación fue documentada durante el proceso judicial.

También planteó que existía una situación de competencia desleal frente a otros comerciantes que cumplen con las obligaciones correspondientes. 

La situación del inmueble

Respecto de la situación dominial del sector donde funcionaban los comercios, Rigotti explicó que el inmueble corresponde a Ferrocarriles Argentinos.

En ese sentido, aclaró que cualquier gestión que pueda realizar la Municipalidad o la Provincia ante la Administración de Bienes del Estado para obtener la tenencia, posesión, uso o eventualmente una opción de compra del lugar constituye un trámite administrativo independiente del proceso judicial que derivó en la clausura.

En tanto Rigotti aclaró que la intervención municipal se fundamentó en el ejercicio del poder de control dentro del ejido municipal.

Qué ocurrirá con el lugar

Consultado sobre el futuro del sector luego de la clausura y el secuestro de los bienes, el procurador evitó anticipar la posibilidad de que allí se construya un nuevo paseo gastronómico.

“En otros medios decían que iban a hacer un paseo gastronómico. Yo la verdad que no lo sé. Yo me compete en el área legal y es lo que nosotros hacemos para que se cumplan las normas”, explicó.

Rigotti señaló que primero debería definirse la situación de la propiedad y que cualquier eventual proyecto dependerá de las áreas correspondientes.

Por el momento, sostuvo que su intervención se limita al aspecto legal y a la prevención de posibles daños a las personas.  

“Las leyes están para cumplirse”

Finalmente, Rigotti volvió a cuestionar lo que consideró una interpretación equivocada del procedimiento y sostuvo que existió confusión respecto del alcance de la medida judicial.

El procurador insistió en que se trató de un proceso judicial iniciado por la Municipalidad, en el cual la otra parte tuvo la posibilidad de defenderse y presentar sus argumentos.

“Acá hay un juicio, hay una acción que nos permite invocar el Código Civil y que el juez tomó una decisión a través de todas las pruebas que se han presentado. La otra parte tuvo también su posibilidad o su oportunidad de defenderse”, explicó.

Según Rigotti, la resolución quedó firme luego de que fueran rechazadas las presentaciones realizadas por la otra parte, por lo que la Municipalidad solicitó la intervención judicial para concretar la medida.

“Esto viene de hace tiempo y tuvimos que tomar esta medida y pedir a la Justicia que intervenga. Las leyes están para cumplirse, cerró diciendo.