Pastoral Aborigen pidió liberar a los 18 wichí detenidos en Ingeniero Juárez

El equipo diocesano de la Pastoral Aborigen expresó su solidaridad con el pueblo wichí del oeste de Formosa, luego de la detención de 18 integrantes de comunidades que sostenían un corte sobre un camino vecinal. El reclamo se originó por pedidos vinculados con el acceso a la educación.

El padre Juan Rosasco, sacerdote de la congregación de los Misioneros Pasionistas que desarrolla su labor pastoral en Ingeniero Juárez, explicó que las comunidades llevan meses planteando la necesidad de mejorar las condiciones educativas de sus niños y jóvenes. Según relató, muchos deben recorrer varios kilómetros a pie para asistir a clases, incluso durante horarios de poca luz.

En ese marco, las comunidades Tres Palmas y Villa Nueva solicitaron la creación de un anexo educativo. Rosasco señaló que, ante la falta de respuestas concretas, decidieron realizar un corte sobre un camino vecinal que atraviesa territorio comunitario. La medida se extendió durante unos seis meses, hasta que intervino la Justicia y se produjeron las detenciones.

“Hay una cuestión de justicia, es cierto, cortar una ruta es un delito. Pero también, no tener educación, poner en riesgo a los niños, a las niñas, la justicia tiene que atenderlo”, sostuvo el sacerdote en diálogo con La Otra Mirada por FM Espacios 92.5.

Rosasco cuestionó que el conflicto haya derivado en un enfrentamiento entre vecinos criollos y comunidades indígenas. Advirtió que los cortes terminan generando malestar entre quienes necesitan circular y que, con el tiempo, el reclamo original deja de ser escuchado. “Son pobres contra pobres”, sintetizó al referirse a una situación que, según consideró, profundiza una división histórica.

Respecto de los detenidos, indicó que algunos permanecen alojados en Formosa capital y otros en Las Lomitas. La defensa presentó pedidos de excarcelación, pero hasta el momento fueron rechazados. También señaló que existen otras personas buscadas por la Justicia que no fueron encontradas durante los operativos.

El sacerdote consideró que la respuesta no debería quedar limitada al ámbito judicial y reclamó una definición clara por parte del Ejecutivo. “La parte ejecutiva tiene que dar respuestas claras”, afirmó, y sostuvo que las comunidades necesitan saber concretamente si sus pedidos educativos serán atendidos o no.

Para Rosasco, además, la discusión no debería centrarse únicamente en la construcción de nuevos establecimientos. Desde su experiencia acompañando a jóvenes indígenas que llegan a estudiar a la ciudad de Formosa, planteó que también existe una deuda vinculada con la calidad educativa, las dificultades de comprensión, lectura y escritura y las diferencias culturales y lingüísticas.

“Muchas veces nuestras escuelas, nuestros colegios, ni siquiera en los hábitos han podido educar”, señaló. En ese sentido, remarcó que la educación y la salud deben ser de calidad, y que las comunidades necesitan respuestas que permitan superar las dificultades que atraviesan desde hace años.