Régimen Penal Juvenil: advierten sobre los desafíos de su implementación en Formosa

La Dra. Silvana Jarzynski analizó los principales cambios que introduce el nuevo Régimen Penal Juvenil y puso el foco en las condiciones necesarias para su implementación, especialmente en materia de alojamiento, supervisión y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

En diálogo con “Formosa Mi Ciudad” de FM Espacios 92.5, la magistrada aclaró que integra la Cámara Civil y Comercial y continúa vinculada a la temática por su participación en el Foro Penal Juvenil de la Junta Federal de Cortes.

Uno de los principales aspectos abordados fue la baja formal de la edad de imputabilidad a los 14 años. Jarzynski explicó que, en Formosa, el Código Procesal Penal ya contempla un capítulo específico referido al proceso de menores, mientras que uno de los cambios centrales de la nueva normativa está relacionado con la aplicación de las penas.

Según recalcó, bajo el régimen anterior, una vez declarada la responsabilidad penal y cumplido el período de tratamiento tutelar correspondiente, el juez podía imponer una pena, hacerlo en grado de tentativa o directamente no imponerla. Con la nueva legislación, las condenas pasan a regirse por las disposiciones del Código Penal.

Infraestructura, supervisión y reinserción

La especialista también se refirió a uno de los principales desafíos que plantea la puesta en marcha del nuevo régimen: la necesidad de contar con lugares de alojamiento adecuados y diferenciados.

Explicó que deben contemplarse distintos espacios según se trate de adolescentes que cumplen una condena o de quienes permanecen alojados bajo prisión preventiva. Además, deben considerarse factores como la edad y el tipo de delito, mientras que los operadores y responsables de estos establecimientos tienen que contar con capacitación específica.

En este sentido, recordó que un documento elaborado por organismos provinciales contemplaba módulos diferenciados para adolescentes que hubieran cometido delitos siendo menores de edad y que posteriormente debieran cumplir una condena.

Jarzynski señaló que el decreto reglamentario publicado recientemente incorporó la figura del supervisor, quien deberá contar con formación en áreas como educación, psicología y trabajo social. Su función será acompañar al adolescente, tanto en medidas privativas como no privativas de la libertad, y elaborar informes para el juez.

La jueza destacó también el rol de los equipos interdisciplinarios en este proceso.

Otro de los puntos centrales es el objetivo de reinserción. La especialista remarcó que los adolescentes alojados deben tener acceso a educación, tratamiento ante situaciones de consumo problemático u otros problemas de salud, además de actividades deportivas y religiosas. El propósito es que puedan asumir responsabilidad por sus actos, comprender las consecuencias del delito y avanzar hacia su reintegración social.

Un máximo de 15 años

Consultada sobre el límite de las condenas de encierro frente a delitos graves, Jarzynski manifestó que el máximo establecido es de 15 años, incluyendo los agravantes que pudiera tener el delito.

La especialista vinculó este límite con el precedente de la Corte Suprema conocido como fallo Maldonado, de 2005, que estableció un límite para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Asimismo, se abordó la posibilidad de que la implementación genere dificultades similares a las planteadas en otras jurisdicciones. Por ello, Jarzynski dijo que en distintas provincias se presentaron cuestionamientos judiciales vinculados con la nueva normativa y consideró que uno de los puntos más preocupantes está relacionado con la claridad de algunos mecanismos de aplicación, especialmente los lugares de alojamiento y la figura de los supervisores.

Finalmente, sostuvo que la implementación debe contemplar el marco normativo de protección de los derechos de niños y adolescentes y los compromisos internacionales asumidos por Argentina. También manifestó desconocer si los fondos previstos para acompañar la aplicación de la ley ya fueron efectivamente transferidos a las provincias.

“Está en juego el futuro de los habitantes de nuestras sociedades”, concluyó la especialista al destacar la importancia de analizar y debatir la aplicación del nuevo régimen.