Se agrava la situación judicial de un diputado nacional de LLA y suma nuevas imputaciones
La situación judicial del diputado nacional de La Libertad Avanza Atilio Basualdo se complejizó en las últimas horas luego de que la investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa avanzara con una serie de imputaciones vinculadas a una presunta maniobra irregular en la compra-venta de un campo ubicado en la localidad de Las Lomitas.
El expediente judicial N° 001479/26 incorpora una serie de presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, falsedad ideológica y uso de documento falso, defraudación mediante el abuso de firma en blanco, coacción, estafa y fraude contra la Administración Pública, entre otros.
La investigación busca determinar cómo se desarrolló la operatoria inmobiliaria y cuál habría sido la participación de cada una de las personas involucradas.
La denuncia
La causa tuvo origen en la denuncia presentada por la empresaria Paula Inés Paganti, quien sostiene que confió en quien entonces se desempeñaba como intendente de Las Lomitas para concretar una inversión rural y terminó involucrada en una causa judicial.
Según manifestó, Basualdo le habría ofrecido la posibilidad de adquirir un campo fiscal y habría intervenido directamente en las negociaciones con los ocupantes del predio para concretar la operación.
"Le entregué 40 mil dólares a Atilio Basualdo para que realizara la compra y hoy me encuentro involucrada en una causa por estafa. Es una situación gravísima y un daño enorme para mi imagen", expresó la denunciante.
Asimismo, aseguró que el actual legislador nacional por LLA "me insistió mucho para realizar esa operación y terminó en una presunta estafa".
De acuerdo con su relato, el entonces jefe comunal habría administrado personalmente tanto la negociación como los fondos destinados a la compra del inmueble rural.
Una investigación en curso
Con el avance del expediente, Basualdo quedó en el centro de una investigación penal orientada a esclarecer si durante la operación existieron conductas compatibles con los delitos que se le atribuyen y si la maniobra pudo haber afectado recursos o bienes vinculados al Estado.
La Justicia deberá ahora reunir y valorar las pruebas incorporadas a la causa para determinar el grado de participación de cada una de las personas investigadas y establecer, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes.
Por el momento, el proceso se encuentra en etapa de instrucción, por lo que las imputaciones forman parte de una investigación en curso y no implican una declaración de culpabilidad. Será el desarrollo del proceso judicial el que determine si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual elevación a juicio o disponer otra resolución conforme a derecho.