"Figuro activa, pero nunca cobré un peso": la denuncia de una exempleada contra el Concejo Deliberante

María Corbalán, extrabajadora del Honorable Concejo Deliberante de Ingeniero Juárez, denunció una presunta irregularidad vinculada a su situación laboral y aseguró que figura como empleada activa del organismo, pese a que afirma no desempeñar funciones ni haber percibido el salario correspondiente. En diálogo con "Hora 20" de FM Espacios 92.5, reclamó respuestas de las autoridades y adelantó que llevará el caso a la Justicia.

Actualmente radicada en Córdoba por cuestiones familiares y de salud, Corbalán sostuvo que realizó todos los trámites administrativos antes de dejar Formosa. Sin embargo, remarcó que nunca obtuvo respuestas a sus presentaciones y que, con el paso del tiempo, descubrió que continuaba registrada como trabajadora del Concejo Deliberante.

Reclamo por una presunta irregularidad laboral

La exempleada explicó que, al consultar su situación previsional, constató que figuraba nuevamente dada de alta como trabajadora del cuerpo legislativo, una condición que nunca autorizó. Además, sostuvo que esa situación le impide acceder a un empleo registrado en Córdoba, ya que aparece con una relación laboral activa en Formosa.

Corbalán señaló que durante el tiempo en que permaneció con licencia por razones de salud recibió pagos irregulares y denunció que nunca le reactivaron la obra social pese a haber presentado la documentación médica correspondiente. "Figuro como empleada activa, pero nunca cobré un peso", lamentó.

"Llevé adelante numerosos reclamos ante las autoridades del Concejo Deliberante y representantes gremiales, pero no obtuve respuestas", agregó.

En ese contexto, apuntó contra los actuales concejales y el presidente del recinto Walter Albornoz, y manifestó que existen otros trabajadores que atravesarían situaciones similares. Asimismo, cuestionó que nadie haya explicado quién percibe el salario que, según asegura, figura asignado a su nombre.

Para concluir, expresó que impulsará acciones judiciales para que se investigue la presunta utilización de su identidad laboral y se determine si hubieron responsabilidades administrativas o penales.