VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Solo nueve de 53 denunciados fueron sancionados por violencia sexual en las fuerzas
Durante los últimos diez años, decenas de mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas denunciaron situaciones de violencia sexual, abuso de autoridad y hostigamiento dentro de las propias instituciones donde prestaban servicio. Sin embargo, la respuesta estatal mostró una marcada disparidad: mientras las denunciantes padecieron consecuencias laborales, psicológicas y sociales, apenas una minoría de los agresores recibió algún tipo de sanción.
Así surge del informe “Acompañamiento a víctimas en casos de violencia sexual en ámbitos de Fuerzas Armadas y de Seguridad”, elaborado por la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), dependiente del Ministerio Público Fiscal.
El relevamiento abarca el período comprendido entre 2014 y 2024 y registra 70 solicitudes de intervención vinculadas a hechos de violencia sexual dentro de las fuerzas. Los casos involucran a 53 personas denunciadas como agresoras, ya que en varias situaciones un mismo acusado fue señalado por más de una víctima.
Entre las instituciones con mayor cantidad de denuncias aparecen la Gendarmería Nacional, que concentra el 28,6% de los casos, y el Ejército Argentino, con el 27,1%. Ambas reúnen más de la mitad de los episodios relevados. Les siguen la Policía Federal Argentina, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval, la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario Federal.
Las víctimas fueron casi exclusivamente mujeres: de las 70 personas acompañadas por la DOVIC, 69 eran mujeres cisgénero. En nueve de cada diez casos, además, el denunciado ocupaba un cargo jerárquicamente superior dentro de la estructura institucional, situación que profundizó las asimetrías de poder y las dificultades para denunciar.
El informe advierte que la violencia sexual rara vez apareció de forma aislada. En al menos 32 expedientes se detectaron también situaciones de maltrato laboral, abuso de autoridad, persecución y otras prácticas vinculadas a las desigualdades de género y a las rígidas estructuras de mando que caracterizan a estas organizaciones.
Uno de los aspectos más preocupantes es el tratamiento que recibieron las denunciantes una vez iniciados los reclamos. De las 49 mujeres que acudieron a las áreas de género de sus respectivas fuerzas, 25 terminaron con carpetas médicas o psiquiátricas abiertas como consecuencia del daño sufrido. Muchas debieron tomar licencias prolongadas, fueron apartadas de sus funciones habituales o trasladadas a destinos considerados desfavorables.
Lejos de representar una medida de protección, estas decisiones derivaron en numerosos casos en una forma de revictimización. Según el documento, las denunciantes quedaron frecuentemente señaladas como las responsables de los conflictos internos, mientras los agresores continuaban desempeñándose con normalidad.
Las secuelas registradas incluyen cuadros de ansiedad, depresión, insomnio, ataques de angustia y pesadillas recurrentes. Para varias de las víctimas fue necesario articular asistencia con organismos especializados en salud mental y protección integral.
En contraste, las consecuencias para los agresores fueron escasas. De los 53 denunciados, apenas siete fueron dados de baja o pasaron a retiro, uno fue detenido y otro trasladado a otra dependencia. En términos generales, solo el 17% enfrentó alguna medida administrativa o laboral vinculada a los hechos denunciados.
El informe también destaca las dificultades que enfrentan quienes acompañan estos procesos. Muchas víctimas llegan sin reconocerse plenamente como tales, atravesadas por relaciones laborales y personales que complejizan la denuncia y la búsqueda de justicia.
A pesar de ello, las expectativas de las mujeres que impulsan estas causas suelen ser moderadas. Según las profesionales de la DOVIC, la mayoría no reclama castigos ejemplares, sino reconocimiento, reparación y garantías de que otras integrantes de las fuerzas no vuelvan a atravesar situaciones similares.
Los resultados del relevamiento vuelven a poner en discusión la capacidad de las instituciones armadas y de seguridad para investigar y sancionar hechos de violencia de género dentro de sus propias estructuras, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes se animan a denunciar.