OPINIÓN
Dato mata relato sobre las "falsas de denuncias"
Cada vez que se instala el discurso de las "falsas denuncias" como si se tratara de un problema masivo, es necesario volver a los hechos y a la evidencia. Porque las políticas públicas y las reformas legislativas no deberían construirse sobre percepciones, prejuicios o casos aislados, sino sobre datos concretos.
El primer relevamiento federal realizado sobre falsas denuncias en Argentina, que analizó más de 8,2 millones de expedientes judiciales entre 2023 y 2025, concluyó que las denuncias falsas representan apenas el 0,09% del total de las causas penales. Más aún: sólo una mínima parte de ese porcentaje corresponde a situaciones vinculadas a violencia de género o violencia intrafamiliar.
Los números son contundentes. Mientras algunos sectores intentan instalar la idea de que existe una utilización generalizada de las denuncias por violencia para perjudicar a varones inocentes, la evidencia demuestra exactamente lo contrario: las falsas denuncias existen, pero son excepcionales.
Lo que sí constituye un fenómeno estructural y masivo es la violencia contra las mujeres, las niñas y las diversidades.
Poner el foco político y mediático sobre un porcentaje estadísticamente insignificante, mientras se recortan programas de prevención, asistencia y acompañamiento a víctimas, implica una inversión peligrosa de las prioridades. Porque el mensaje que se transmite no es el de una mayor búsqueda de justicia, sino el de la sospecha permanente sobre quienes se animan a denunciar.
No es casual que este tipo de iniciativas surjan en un contexto político donde se cuestiona la figura del femicidio, se niega la especificidad de la violencia de género y se desacreditan décadas de luchas feministas. El discurso de las falsas denuncias ha sido utilizado internacionalmente por sectores conservadores y de extrema derecha para erosionar derechos conquistados y desalentar las denuncias de violencia y abuso.
Defender que las denuncias falsas deben ser sancionadas no debería implicar construir un relato que presenta a las víctimas como potenciales mentirosas. El sistema judicial ya cuenta con herramientas para investigar y castigar conductas fraudulentas. Lo que no puede permitirse es que, bajo la excusa de perseguir un problema marginal, se genere miedo en miles de mujeres que necesitan protección y acceso a la justicia.
Cuando los datos muestran que las falsas denuncias representan una fracción mínima de los expedientes judiciales, insistir en convertirlas en el centro del debate público no parece responder a una preocupación por la justicia, sino a una estrategia política destinada a poner en duda la palabra de las víctimas y a debilitar las políticas de prevención de las violencias de género.
Este enfoque refuta la postura desde la evidencia empírica y el análisis político, sin negar la existencia de las falsas denuncias, lo que fortalece la argumentación y evita que pueda ser descalificada fácilmente por exageración o falta de rigor.