Barcesat tildó de “cacareos políticos” los pedidos de intervención a Formosa y defendió la cláusula transitoria
El abogado constitucionalista, Dr. Eduardo Barcesat, se refirió a la situación institucional de la provincia de Formosa y desestimó categóricamente los argumentos de la oposición local. En comunicación con FM Espacios 92.5, defendió la validez de la cláusula transitoria de la nueva Constitución provincial y calificó el pedido de intervención federal como "cacareos políticos" sin "inscripción en la institución nacional".
Consultado sobre la causa activada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar la validez constitucional de la cláusula transitoria que podría permitir al gobernador Gildo Insfrán competir nuevamente en 2027, Barcesat fue claro. "La Constitución no establece ninguna pauta que limite la elegibilidad del Poder Ejecutivo provincial en este caso. De manera que esto es un tema discrecional, no un tema de ilegalidad de obrar de parte del poder constituyente formoseño", afirmó en diálogo con el programa La otra mirada.
El constitucionalista comparó la reforma constitucional de Formosa con el precedente de la reforma nacional de 1994. Indicó que "no ve ninguna contradicción entre la actual Constitución provincial y la Constitución Nacional", ya que es una facultad discrecional de la provincia establecer la reelegibilidad. Barcesat señaló que el Poder Constituyente formoseño, lejos de incurrir en una ilegalidad, ejerció sus atribuciones al respecto.
En tanto, sostuvo que "los criterios de conveniencia y oportunidad los tiene que juzgar con su voto el pueblo de la provincia" y que una acción de la Corte sería "una intromisión en la división de poderes, en el federalismo tan proclamado desde el artículo 1 de la Constitución Nacional".
Además, manifestó que "tampoco hay en la ciencia constitucional una doctrina exclusiva y excluyente que diga que el mandato es uno de tantos años, o uno y una repetición y después un intermedio para nuevamente poder postularse. De modo que no hay ninguna contradicción entre la actual Constitución provincial y la Constitución Nacional, porque la fijación del número de miembros y su elegibilidad es materia de ley desde el punto de vista provincial, con mayor jerarquía, porque está puesto en una cláusula del dispositivo de la Constitución provincial".
Respecto al recurrente planteo de la oposición sobre una supuesta "dictadura" en Formosa y la necesidad de una intervención por parte del gobierno de Javier Milei, el jurista fue tajante, calificando las peticiones de la oposición como "cacareos políticos que no tienen inscripción en la institucionalidad".
“La intervención federal sólo puede ser dispuesta con un voto de mayoría calificado por el Congreso de la Nación”, explicó el letrado, dejando claro que no se dan las condiciones de inestabilidad o de crisis de poderes para una medida de tal magnitud.
Duras críticas al gobierno de Milei
Barcesat también analizó la gestión del gobierno nacional, la cual cuestionó severamente. "Hemos sostenido a través de pedidos de juicio político y de denuncias penales, que es manifiestamente inconstitucional el que sea el Poder Ejecutivo y no el Congreso de la Nación el que proceda de contraer empréstito sobre el crédito de la Nación y el proceder al arreglo de la deuda pública", declaró, recordando que estas son facultades exclusivas del Congreso.
Lamentó la inacción del parlamento frente a estos avances. "Desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el día de hoy, la Comisión de Juicio Político, pese a tener más de una docena de denuncias, no ha tenido una sola sesión. Y esto es una complicidad", denunció, señalando también la falta de autoconvocatoria de los diputados por cálculos políticos.
El abogado fue particularmente duro con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, al que calificó como un "ingenio normativo de más de 660 artículos" sin "ningún antecedente en nuestro país". Señaló que el decreto "arrasó con la institucionalidad" y que, al presentarse "creyendo que daba el gran salto a la modernidad, en realidad fue al vacío institucional". En este contexto, rescató como "el único dato positivo hasta acá" la decisión del Senado de rechazar el DNU.
Barcesat también se refirió con escepticismo al rol de la justicia. "Hay ya varios expedientes en poder de la Corte Suprema, que parece que para entender el tema necesita no sé qué tiempo, porque esto llegó ya principios del 2024 y todavía sus señores ministros no han tenido tiempo de estudiarlo", criticó.
Finalmente, manifestó su descontento con las acciones de un "autócrata" instalado en la presidencia y sus "monstruos" anti-republicanos que, a su entender, ofenden a la institucionalidad.