Crecen los casos de abuso y maternidad infantil: la urgencia de aplicar la ESI

Clorinda atraviesa días de conmoción y dolor tras conocerse una seguidilla de denuncias por abuso sexual infantil. El caso más estremecedor es el de una niña de seis años que ingresó al hospital por un dolor abdominal y, ante la gravedad, debió ser trasladada a la capital provincial. Sin embargo, falleció antes de llegar. La autopsia confirmó signos de abuso sexual, y un hombre de 31 años, su padrastro, fue detenido.

Otro hecho reciente sacudió a la comunidad: una adolescente de 14 años dio a luz en el baño de un centro de salud, tras ingresar por cólicos estomacales. Afortunadamente, tanto la joven como el bebé se encuentran fuera de peligro.

Estos episodios reabren un debate impostergable: el de la Educación Sexual Integral (ESI). La Ley Nacional 26.150, que ya lleva 19 años de vigencia, se reconoce como una herramienta esencial para prevenir abusos, promover derechos y construir vínculos saludables entre niñas, niños y adolescentes. Estudios del Ministerio Público Tutelar (2019) señalan que el 80% de las víctimas o testigos de abuso pudieron reconocer la situación gracias a los contenidos de ESI impartidos en las escuelas.

Pero en Formosa, la realidad muestra una aplicación débil y desigual. El Ministerio de Salud de la Nación reveló en su informe 2024 que, durante el año 2023, la provincia registró un 9,4% de nacimientos de madres menores de 15 años por cada mil nacidos vivos, una cifra cuatro veces superior al promedio nacional.

Este dato coloca a Formosa entre las provincias con mayor índice de maternidad infantil del país, un indicador estrechamente vinculado con la falta de acceso a la educación sexual, la desigualdad y los abusos intrafamiliares.

A ello se suma que, según el Programa “Víctimas contra las Violencias”, el 89% de los abusos sexuales contra menores ocurren en entornos familiares tradicionales, lo que desmiente los discursos que promueven reemplazar la ESI escolar por la educación “en casa”. Para muchas infancias, el hogar no representa un espacio seguro.

En este escenario, el desfinanciamiento nacional y la ausencia de una ley provincial de ESI agravan el panorama. Aunque Formosa adhiere a la normativa nacional, no cuenta con un marco propio ni con una política de capacitación masiva para docentes, lo que limita su implementación en las aulas.

Frente a los números y las historias que duelen, urge una respuesta integral del Estado y una presión social sostenida para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. En tiempos de retroceso en materia de derechos, el movimiento de mujeres y diversidades vuelve a levantar la bandera de la ESI como una lucha urgente y necesaria.