Soberanía en jaque: privatización de la energía nuclear nacional

En comunicación con La Otra Mirada de FM Espacios, Granada destacó que la empresa estatal opera las tres centrales nucleares del país y constituye una herramienta estratégica de soberanía energética y tecnológica. “La Nucleoeléctrica Argentina no solo garantiza generación eléctrica segura y eficiente, sino que representa un capital humano y tecnológico que nuestro país construyó durante 75 años”, señaló.

El experto advirtió que la medida constituye un desmantelamiento del sistema nuclear argentino y de las capacidades científicas y tecnológicas del país. “Esto afecta no solo la energía nuclear, sino también la educación pública, la investigación y el desarrollo, limitando el acceso a nuevas tecnologías y a la formación de profesionales que son esenciales para el futuro de Argentina”, dijo Granada.

Según explicó, la empresa es económicamente sólida y superavitaria, con un récord histórico de generación de energía en 2024, alcanzando más de 10,4 millones de megavatios hora netos, cumpliendo estándares internacionales de seguridad. “Si es rentable y estratégica, ¿por qué privatizarla? Esta decisión no responde a razones económicas, sino a un proceso que debilita la soberanía nacional”, advirtió.

Granada también vinculó la privatización a una política más amplia de debilitamiento del Estado, con recortes presupuestarios en ciencia, tecnología y universidades públicas, y subrayó que la sociedad y los legisladores deben actuar para defender estos recursos estratégicos mediante los mecanismos previstos en la Constitución.

“Estamos en un momento crítico para la soberanía energética de Argentina. Es imperativo que los ciudadanos y representantes políticos comprendan la gravedad de lo que está ocurriendo y tomen medidas efectivas para proteger nuestro sistema nuclear y científico”, concluyó el investigador.

La preocupación se suma a otras problemáticas locales y nacionales, como la retracción de fondos por coparticipación y la defensa de los derechos de comunidades indígenas, mostrando un contexto de alerta social y económica en el país.