El Tribunal le concede prisión domiciliaria a Cristina Kirchner con tobillera electrónica

En una decisión controversial y repleta de restricciones, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) otorgó a la ex presidenta Cristina Kirchner la prisión domiciliaria por razones de seguridad, pero impuso una serie de medidas que apuntan claramente a limitar su actividad política y personal. El tribunal dispuso la colocación de una tobillera electrónica, una restricción inusual en casos de prisión domiciliaria, y también prohibió a la exmandataria salir al balcón o recibir visitas sin autorización judicial, lo que fue interpretado como un intento de proscripción política.

La resolución fue firmada por los tres jueces del tribunal, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes justificaron la decisión afirmando que la seguridad de Cristina Kirchner no podría garantizarse en un establecimiento penitenciario debido al riesgo para su vida tras el atentado del 1 de septiembre de 2022. Sin embargo, la imposición de medidas restrictivas que no son comunes en este tipo de condenas generó controversia. Según expertos y defensores de la ex mandataria, estas decisiones parecen diseñadas específicamente para dificultar su capacidad de actuar como líder de la oposición y mantener su contacto con la militancia.

El TOF2 también incluyó un punto polémico al referirse a las restricciones en su residencia: Cristina Kirchner deberá presentar una lista de personas autorizadas a visitarla, limitando así su derecho a recibir visitas de forma libre. La resolución también establece que no podrá salir de su domicilio salvo en situaciones excepcionales, lo que restringe aún más su libertad de movimiento. Estos detalles fueron cuestionados por los defensores de CFK, quienes consideran que se trata de un intento de aislarla tanto política como socialmente.

La controversia se profundiza cuando se comparan estas medidas con las condiciones más laxas aplicadas a otros condenados, incluidos genocidas, quienes disfrutan de menos restricciones. La ex mandataria y su defensa ya anunciaron que apelarán las restricciones impuestas, primero a través de un recurso de reposición ante el propio tribunal, y en caso de ser necesario, llevarán el caso a la Cámara Federal de Casación Penal.

El clima político en torno a la resolución es tenso, y la convocatoria a la marcha de apoyo a Cristina Kirchner en Plaza de Mayo se mantiene intacta. La decisión judicial reforzó la percepción de una “proscripción” en su contra, mientras el gobierno sigue intentando evitar que la ex presidenta sea fotografiada en un contexto de masiva movilización, consciente del impacto que eso tendría tanto a nivel nacional como internacional.

La narrativa de "proscripción" que rodea este caso se ve reflejada en las voces de varios dirigentes y especialistas que consideran que las restricciones a Cristina Kirchner son un intento claro de eliminarla como competidora política en un contexto electoral.