Jubilaciones pierden contra la inflación y el ajuste del gobierno

A mayo de 2025, la política previsional del gobierno de Javier Milei se convirtió en una de las principales fuentes del ajuste fiscal, afectando directamente a millones de jubilados. Así lo demuestra un reciente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Según el estudio, la combinación de la nueva fórmula de actualización por decreto, la pérdida del bono compensatorio y la modificación en el acceso a medicamentos generó una marcada pérdida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios.

Desde diciembre de 2023, el rumbo previsional del Ejecutivo fue claramente regresivo, sostiene el informe. La derogación de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609, que combinaba la evolución salarial y la recaudación previsional, fue reemplazada en marzo de 2024 por una nueva fórmula atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), vía DNU 274/2024. Aunque esta nueva modalidad permitió una cierta recomposición inicial, el análisis de CEPA concluye que, en el mediano plazo, la fórmula anterior habría resultado más beneficiosa para los jubilados.

Pérdida real frente a una fórmula descartada

Las cifras son contundentes: en junio de 2025, la jubilación mínima sin bono será de $304.726, producto del aumento de 2,8% correspondiente a la inflación de abril. De haberse mantenido la fórmula derogada, ese haber alcanzaría los $403.302, es decir, un 32,3% más. Esta tendencia ya se evidenció en los aumentos de septiembre y diciembre de 2024 y marzo de este año, todos inferiores a los que habría arrojado el esquema previo.

Letcher advierte que el cambio de fórmula no fue inocente ni técnico: “La nueva indexación al IPC impide recuperar lo perdido y condena a los jubilados a mantener su nivel de ingreso real sin posibilidad de mejora, incluso si la economía se recupera”.

El bono, otro golpe silencioso

A este escenario se suma el congelamiento del bono compensatorio, fijado en $70.000 desde marzo de 2024. Mientras los haberes aumentaron un 127% hasta junio de 2025, el bono quedó rezagado con una suba nula. De haberse actualizado en la misma proporción, debería ascender a $158.658. En cambio, su estancamiento profundizó la licuación de ingresos: la jubilación mínima con bono sólo aumentó un 83% en el mismo período, muy por debajo de la inflación.

El informe proyecta que, de mantenerse esta política, a diciembre de 2025 los jubilados perderán $107.417 mensuales por la congelación del bono.

¿Los jubilados le ganan a la inflación?

El gobierno insiste en que los jubilados están empatando o superando a la inflación, pero los datos del CEPA refutan esa narrativa. Entre abril y junio de 2025, el poder de compra de las jubilaciones sin bono está 3,1% por debajo del último trimestre de la gestión anterior. Para quienes reciben el bono, la caída es más severa: 15,7%.

Además, la reciente Ley 27.756, sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, proponía una recomposición del 7,2%, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto, y una cláusula gatillo para recuperar poder adquisitivo. Su rechazo refuerza, según CEPA, la intención de sostener el ajuste a través del sistema previsional.

Medicamentos y moratoria: más obstáculos

El recorte también se expresa en el sistema de salud. Los cambios en la política de medicamentos del PAMI implicaron la reducción de los fármacos cubiertos al 100% y mayores restricciones para el acceso a los gratuitos. Así, la canasta de medicamentos de PAMI aumentó 394,2% desde diciembre de 2023 a abril de 2025, muy por encima de la inflación y del incremento de las jubilaciones.

Como si fuera poco, la no prórroga de la moratoria previsional a partir de marzo de 2025 significa que una gran mayoría de personas en edad de jubilarse no podrán acceder a una jubilación regular. Según el informe, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres tendrán como única alternativa la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), equivalente al 80% de la mínima y no pensionable.

Ajuste con nombre y apellido

El informe de CEPA concluye que el superávit fiscal que el gobierno exhibe con orgullo se sostiene, en buena parte, gracias a las jubilaciones. De hecho, el 19,2% del ajuste del gasto público en 2024 se explica por la pérdida del poder adquisitivo de haberes y pensiones. En otras palabras, el equilibrio fiscal no es neutro: tiene consecuencias concretas y dolorosas sobre quienes menos capacidad tienen de adaptarse al ajuste.

“La jubilación no es un privilegio ni una dádiva, sino el fruto de una vida de trabajo”, señala el documento, que cierra con un llamado de atención sobre la sostenibilidad social de este modelo previsional.