El Gobierno Nacional redefinirá los subsidios de luz y gas: el impacto total en la clase media

En línea con los objetivos pactados con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional pondrá en marcha antes de fin de año un nuevo modelo de subsidios para los servicios de electricidad y gas natural. Esta decisión se inscribe dentro de una estrategia más amplia de ajuste fiscal, cuyo objetivo inmediato es achicar el déficit a través de un recorte sustancial en el gasto público. En particular, el foco estará puesto en la clase media, que hasta ahora recibía una parte considerable de las subvenciones y será, según lo proyectado, la más afectada por los cambios que se avecinan.

El esquema actual, que agrupa a los usuarios en tres categorías según su nivel de ingresos, será reemplazado por un mecanismo más restrictivo: la asistencia quedará reservada exclusivamente para los sectores más vulnerables. Así, alrededor de tres millones de usuarios de ingresos medios dejarán de recibir descuentos en sus facturas de luz, lo que implicará un aumento significativo en los montos que deberán afrontar mes a mes. A su vez, el régimen propuesto por el Ejecutivo Nacional se aplicará de forma escalonada, con una eliminación progresiva de los beneficios para evitar un impacto inmediato y masivo.

La Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Carmen Tettamanti, ya comenzó a ejecutar esta transformación mediante la aplicación de rebajas paulatinas en los descuentos residenciales sobre el costo de la energía. Las estadísticas oficiales muestran que, hasta diciembre pasado, cerca de 9,5 millones de hogares contaban con algún tipo de subsidio en electricidad, de los cuales 3,2 millones correspondían al Nivel 3 (ingresos medios). En el caso del gas, el total era de 5,3 millones de usuarios subsidiados, incluyendo 2,2 millones de clase media. El nuevo sistema, sin embargo, excluirá a estos últimos, consolidando un modelo con criterios más acotados.

El objetivo del Gobierno Nacional es doble: por un lado, avanzar en la desregulación del sector energético; por el otro, reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas. El FMI proyecta que el gasto en este rubro pasará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025. Esta baja es central para alcanzar las metas del acuerdo vigente y consolidar la imagen de compromiso con la disciplina fiscal que la administración libertaria busca sostener desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

Además del rediseño de las ayudas estatales, se impulsará una reforma estructural en el mercado mayorista de electricidad. La reciente Resolución 21/2025, firmada por Tettamanti, autoriza a las empresas a firmar contratos de compraventa de energía de manera directa, sin pasar por Cammesa, la compañía que hasta ahora operaba como intermediaria obligatoria. Esta medida apunta a reactivar un modelo de libre contratación, apostando a un marco más competitivo y con menor intervención estatal. El nuevo mapa energético que se perfila promete beneficios para el equilibrio fiscal, aunque no sin un costo social significativo.