Costa Ankenbrand: "El gobierno de Milei retrocede en materia de derechos y en políticas sociales”

La diputada provincial y psicopedagoga, Ana Costa Ankenbrand, expresó su “angustia y malestar” ante la reciente resolución del Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la cual se utilizaron términos “aberrantes y retrógrados” para calificar y tipificar a las personas con discapacidad. 

“Lo primero que pensé fue que era una fake news, una mentira”, expresó Costa Ankenbrand, ante la posibilidad de que un comunicado oficial de la ANDIS planteara la utilización de términos obsoletos, que, según explicó, se dejaron de usar hace más de 50 años. “Los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad sabemos que son términos obsoletos”, enfatizó en diálogo con FM Espacios mientras calificó los términos utilizados en el comunicado oficial como "aberrantes y graves", ya que se violaron los derechos de las personas con discapacidad. 

Para la diputada, la gravedad de la resolución radica en que los términos utilizados reflejan el marco teórico con el que se maneja el gobierno de Javier Milei en materia de discapacidad, expuso para cuestionar la idoneidad de quienes están frente a la ANDIS. El organismo que conduce el abogado personal de Milei, Diego Spagnuolo, utilizó categorías insultantes y violentas en una resolución que buscaba endurecer los requisitos para acceder a las pensiones. 

Al respecto, la profesional de la salud dijo que “evidentemente es una persona que nunca en su vida hizo un trabajo de verdad y que se formó en acompañar trayectorias desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad", apuntó durante el programa La otra mirada. 

Costa Ankenbrand consideró que la resolución, que propone un esquema de evaluación basado en términos obsoletos, constituye una "falta de respeto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, aseguró que la política general del Gobierno nacional tiene “retrocesos en materia de derechos y en políticas sociales”, como la quita de pensiones no contributivas, el recorte en el acompañamiento de trayectorias y la reducción de los cuidados paliativos para pacientes oncológicos.

Asimismo, la diputada celebró que la presión social haya logrado que el Gobierno libertario diera marcha atrás con la resolución, pero insistió en que no alcanza con reconocer un error en la terminología. "Argentina tiene legislación de vanguardia en inclusión educativa y acompañamiento, adhiere desde 2006 a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad basada en un modelo social, y esta documentación está en contra de todo este paradigma", señaló.

En este sentido, exigió la renuncia del responsable de la ANDIS y se solidarizó con las familias y personas con discapacidad que “tuvieron que volver a vivir una época que ya hemos dejado atrás”.