viernes 29 de marzo de 2024

Cambiemos desvió 34 millones en subsidios por desempleo para pagar fiscales en Formosa

viernes 28 de febrero de 2020

El abogado Wiliams Dardo Caraballo, quien denunció el mecanismo para reclutar a desempleados y llevar adelante la tarea de fiscalización para Juntos por el Cambio el 27 de octubre del año pasado, brindó detalles de la causa y contó en que estado se encuentra.

“El macrismo después del resultado espantoso que tuvo en las PASO, no tuvo mejor idea que sacar fondos del Estado bajo la figura de un subsidio por desempleo de 5 mil pesos para pagar a los fiscales y estimular la fiscalización” expresó el abogado en diálogo con FM Espacios.

Caraballo explicó que a raíz de la lista de fiscales que publicó German Villaba, ex delegado de la Gerencia de Empleo de la Nación, se cotejó que el 54% de los que trabajaron para Buryaile cobraron este beneficio.

También contó que treinta y cuatro millones de pesos que alcanzaba a unos 6.800 beneficiarios eran para Formosa, pero aquí no llegaban ni a 5.000, “habrá que investigar que pasó con ese remanente” aseveró.

“La maniobra fue muy grotesca, no tuvieron límites, ni empacho, ni ética, la Unión Cívica Radical está derrapando, para mi ha dejado de ser el partido de Alem, Irigoyen y Alfonsín” sentenció.

Ahora están imputados el ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el ex secretario de Empleo, Fernando Premoli, y por Formosa están imputados, el antes mencionado Germán Villalba, el ex delegado de ANSeS, Diego Herrera, de la delegación de Desarrollo Social, Irina Zárate, el concejal Montoya y Ricardo Buryaile, a quien Caraballo indicó que “fue el organizador de esta maniobra”.

“Los testimonios dicen que Montoya era el encargado de confeccionar la lista para cobrar el beneficio a cambio del reclutamiento, era el operador entre la gente” aseguró.

En cuanto al estado en que se encentra la causa dijo, “en estos momentos el fiscal Jorge Di Lello ha pedido oficialmente al juzgado el listado de fiscales de Juntos por el Cambio y que a su vez el Ministerio de Trabajo le mande la nómina de beneficiarios y para hacer judicialmente el mismo cotejo que nosotros hicimos como denunciantes”.

Para finalizar explicó que “de salir la condena, al ser delitos electorales, les cabría una inhabilitación de uno a tres años para el ejercicio de cargos públicos, ahora si se les imputa delitos más graves del Código Penal ahí si podrían afrontar hasta condenas privativas de la libertad”.

“Si un solo beneficiario además tenía AUH, o algún tipo de pensión o subsidio nacional ya saldríamos de delitos electorales y entraríamos al ámbito de delitos del Código Penal como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, y hasta la asociación ilícita” cerró.